SEVILLA, 21 de noviembre. El coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha calificado de “vergonzosa” la inhabilitación de dos años impuesta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelar secretos relacionados con un caso de fraude fiscal que involucra a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Maíllo considera que esta sanción es el resultado de una “decisión preconcebida”.
En una contundente rueda de prensa en Sevilla, donde presentó su candidatura a la Presidencia de la Junta de Andalucía para las elecciones autonómicas de 2026, Maíllo argumentó que este hecho judicial “representa un escándalo de grandes dimensiones” que se asemeja a “nuevas formas de golpe de Estado a través de maniobras judiciales”.
El líder de Izquierda Unida denunció la politización de ciertos sectores del poder judicial, afirmando que algunos magistrados ya habían decidido de antemano su veredicto, indicios que, según él, fueron evidentes ante la falta de justificación en la sentencia emitida. “Este es un juicio con un fallo ya escrito”, sentenció Maíllo, aludiendo a la falta de explicaciones por parte del tribunal al comunicar su decisión.
El futuro candidato de la coalición de izquierda en Andalucía destacó la existencia de lo que él denomina un “Estado profundo”, que, en su opinión, está actuando sin límites y con un objetivo destructivo. Maíllo hizo un llamado a la comunidad para que se planten ante esto, señalando que “no se puede aceptar en silencio el avance de una extrema derecha que amenaza con desmantelar lo que hemos construido”.
“La condena al fiscal general será recordada como una sentencia infame en la historia del Poder Judicial”, subrayó, reflejando su preocupación por lo que considera un ataque a valores fundamentales. “Sentimos que está en juego un estilo de vida que ha enriquecido a muchas personas”, añadió.
Maíllo ve este episodio como un motivo más para su decisión de presentarse como candidato a la Junta de Andalucía, subrayando que “es necesario actuar ante la grave amenaza de autoritarismo que puede transformar nuestra percepción del mundo actual”. La reciente condena de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, indicó, refuerza su compromiso para ser un líder eficaz en la lucha por la justicia y la democracia en la región.
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