Antonio Maíllo, el coordinador federal de Izquierda Unida, ha expresado su enérgica condena por el asesinato de una mujer en Sama de Langreo, Asturias, resaltando la necesidad urgente de abordar la violencia de género en nuestra sociedad.

Este sábado, durante un acto de inauguración de la nueva sede de Izquierda Unida en Rota, Cádiz, Maíllo ha hecho un llamado contundente a la Unión Europea para que responda a las políticas arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump, con una "respuesta equivalente". Ha subrayado que la UE no puede permanecer en la sombra frente a las acciones de un líder que lanza una guerra comercial proteccionista que afecta gravemente a sectores, particularmente los agrarios de Andalucía.

El dirigente ha señalado que Trump está cumpliendo las amenazas que anteriormente había lanzado, lo que a su juicio requiere una respuesta firme por parte del gobierno andaluz. En este sentido, ha criticado al presidente andaluz, Juanma Moreno, por su falta de acción y ha manifestado que "está tardando demasiado en alzar la voz en defensa de los sectores que se verán perjudicados por esta situación".

Maíllo también se ha referido al significado de la nueva sede de Izquierda Unida, describiéndola como un "espacio de democracia" en medio de lo que considera una creciente ola autoritaria. Este comentario llega en el contexto de su condena al asesinato en Sama de Langreo del cual ha expresado su repudio y ha mencionado que el ayuntamiento, también gobernado por Izquierda Unida, ha estado tomando todas las medidas necesarias para ofrecer apoyo y atención institucional a la situación.

En relación a la política de vivienda, al ser cuestionado sobre los esfuerzos de la Junta en este ámbito, Maíllo no ha dudado en criticar al Gobierno andaluz, declarando que "vamos muy tarde" en la implementación de políticas efectivas. Ha señalado la tendencia del bipartidismo en España de dejar la política de vivienda a la iniciativa privada, lo que, a su juicio, ha resultado en un "absoluto fracaso". La vivienda, ha argumentado, se ha convertido en un bien mercantil y en un negocio, en lugar de verse como un derecho humano fundamental, que debería ser el marco bajo el cual se desarrollara una verdadera política de vivienda.