El Tribunal Constitucional anuló parcialmente la condena de diez ex dirigentes socialistas de la Junta de Andalucía por el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, lo que ha generado polémica y debate sobre la independencia e imparcialidad del tribunal. Manos Limpias, como acusación popular, ha solicitado a la Audiencia de Sevilla que plantee una cuestión prejudicial interpretativa ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para determinar si la sentencia del Constitucional es compatible con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
La decisión del Tribunal Constitucional ha provocado una revisión del caso de exdirigentes socialistas como Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Magdalena Álvarez. La anulación parcial de la condena ha generado críticas por parte de la asociación Manos Limpias, que cuestiona la interpretación de la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo en torno al caso de los ERE fraudulentos.
Según el Tribunal Constitucional, la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo habrían incurrido en una interpretación incorrecta de la legalidad penal en el caso de los ERE fraudulentos. Esto ha llevado a la anulación parcial de la condena de Magdalena Álvarez y otros exdirigentes socialistas, lo que ha generado controversia y dudas sobre la eficacia de la justicia en estos casos.
Manos Limpias ha señalado que la composición del tribunal no cumplía con las garantías de independencia e imparcialidad exigidas por la legislación europea. Además, la asociación considera que la sentencia del Tribunal Constitucional puede afectar la lucha contra el fraude y la corrupción en España, generando un riesgo de impunidad para los implicados en casos de malversación de fondos.
Ante este escenario, Manos Limpias ha solicitado a la Audiencia de Sevilla que antes de emitir la nueva sentencia ordenada por el Tribunal Constitucional, plantee una cuestión prejudicial interpretativa ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La asociación busca determinar si la sentencia del Constitucional es compatible con los intereses financieros de la Unión Europea y la jurisprudencia del TJUE, así como si los mandamientos del Constitucional son vinculantes en el dictado de la nueva sentencia.
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