SEVILLA, 8 de diciembre. En una coyuntura de creciente preocupación por la salud pública, el Servicio Andaluz de Salud (SAS), que opera bajo la Junta de Andalucía, ha convocado una huelga que se desarrollará entre el 9 y el 12 de diciembre. Este paro se produce en medio de una ola de virus respiratorios, lo que ha llevado a las autoridades a recomendar el uso de mascarillas en ambulatorios, hospitales y residencias de ancianos, medida que se mantendrá hasta el 8 de enero y que podría extenderse dependiendo de la evolución de la temporada de gripe.

Ante la inminente huelga, el SAS ha establecido unos servicios mínimos, diseñados para ofrecer un nivel de atención equivalente al que se proporciona en días festivos, tanto en Atención Primaria como en hospitales. Esto incluye la atención urgente y el cuidado de pacientes críticos, asegurando que las necesidades más apremiantes sean atendidas adecuadamente.

Para los centros de salud que cuentan con un servicio de urgencias, no se aplicarán estos mínimos durante la huelga, dado que la atención ya estará cubiertas por el SUAP, similar a lo que se realiza en fines de semana. Sin embargo, en aquellos centros donde no haya un servicio de urgencias, se asignará al menos un médico para atender las emergencias durante el horario habitual.

En los hospitales, los equipos de urgencias operarán con una plantilla mínima equivalente a la de un fin de semana, con la posibilidad de aumentar este número hasta un 50%, dependiendo de la disponibilidad de Médicos Residentes. En servicios donde se asignen menos de tres MIR, no se contemplará ningún refuerzo adicional.

El 061 y los servicios de teleoperación también han establecido mínimos, asegurando un nivel de operación del 90% y 75% respectivamente, para mantener la capacidad de respuesta ante emergencias.

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha responsabilizado a la ministra de Sanidad, Mónica García, por la situación que ha llevado a esta huelga, considerada como una respuesta a la inacción del Gobierno central en temas que afectan directamente a la atención sanitaria. Según Sanz, la regulación del Estatuto Marco es competencia exclusiva del Ministerio de Sanidad, y la falta de acción ha llevado a un agravio en la atención médica.

Sanz ha destacado la importancia de la negociación y la necesidad de que el ministerio se involucre de manera efectiva, en lugar de fomentar la confrontación. La Consejería ha expresado su preocupación por la falta de participación de las comunidades autónomas en el proceso de reforma del Estatuto Marco, subrayando que son las responsables de la atención diaria y la organización de los servicios.

La discordia creada por esta reforma no solo ha afectado a los médicos, sino que también ha generado inquietud entre otros profesionales del sector salud, como enfermeros y fisioterapeutas, que temen que la nueva clasificación profesional creada por el Estatuto rompa la cohesión y efectividad de sus equipos de trabajo.

Desde el Sindicato Médico Andaluz (SMA) se ha denunciado que los servicios mínimos establecidos por el SAS son excesivos y que pondrán en peligro el derecho a huelga de los médicos. La organización ha indicado que, de ser necesario, se movilizarán ante posibles imposiciones que limiten este derecho fundamental.

La Consejería se ha defendido asegurando que sus servicios mínimos son adecuados y respetuosos con el derecho de huelga, y ha recordado que los mínimos de operación deberían ser equivalentes a los de un día festivo, como se acordó en huelgas anteriores. El SMA ha reiterado su compromiso con la lucha por un Estatuto propio que atienda las necesidades de los médicos, considerando que las actuales condiciones laborales son demasiado precarias y están creando un entorno insostenible para la profesión.

Rafael Ojeda, presidente del SMA, ha denunciado la explotación que enfrentan los médicos en su día a día y ha instado a la necesidad de ser escuchados, en un contexto donde la unión entre los profesionales se ha fortalecido. Ojeda prevé que la huelga será un éxito, evidenciando el clamor por una mejor regulación y dignidad en el sistema de salud pública.