La reciente intervención de María Jesús Montero, secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, en el Congreso del PSOE de Málaga, ha dejado claro su descontento con la gestión del presidente de Andalucía, Juanma Moreno. Según Montero, el presidente no está contribuyendo a la mejora del bienestar de los ciudadanos andaluces, asegurando que el Partido Popular ha distorsionado el significado del Estatuto de Autonomía y ha renunciado a promover el autogobierno, limitándose a confrontar con el Gobierno central.

Montero ha criticado duramente el enfoque de Moreno, manifestando que su estilo de gobierno parece basarse en el simple acto de aparecer en público sin abordar las verdaderas competencias y responsabilidades que le corresponden. Pone de relieve que este comportamiento ha creado una atmósfera de hostilidad en lugar de cooperación, generando la percepción de que el enfrentamiento es la única estrategia de su gestión.

A lo largo de su discurso, Montero señaló que, en áreas críticas como el empleo, la sanidad y la educación, no se están implementando políticas efectivas que marquen una diferencia en la vida de los andaluces. En su opinión, la falta de iniciativas concretas es alarmante, haciendo hincapié en que no existe un solo proyecto significativo que caracterice el mandato actual del Gobierno andaluz.

Montero también ha subrayado un hecho preocupante: según su análisis, Andalucía se ha convertido en la comunidad autónoma con menor riqueza per cápita en España, situación que relaciona directamente con la falta de apoyo del presidente Moreno a las competencias autonómicas y al crecimiento económico que ha promovido el Gobierno central. Este desinterés por el progreso se traduce en una falta de oportunidades para la ciudadanía.

La líder socialista, en su intervención, defendió los logros alcanzados por el Gobierno central, destacando avances significativos como la creación de empleo, la lucha contra la inflación y el fortalecimiento del Estado del Bienestar. También recordó la importancia de los derechos reconocidos en iniciativas como el Ingreso Mínimo Vital y la Ley de Eutanasia, enfatizando la necesidad de avanzar en la dignidad humana y social.

Montero instó a un renacer del andalucismo que propicie el desarrollo de la región, donde los jóvenes puedan prosperar y los mayores sean valorados por sus años de esfuerzo. Las mujeres, según afirmó, deben ser empoderadas para desempeñar roles protagónicos en la sociedad. Para lograr todo esto, insistió en la importancia de recuperar un gobierno que se comprometa con el bienestar general y el progreso colectivo.

La líder del PSOE mostró su confianza en el futuro del partido en Andalucía, asegurando que están listos para recuperar la Junta. Criticó las políticas ineficaces del Gobierno de la derecha, señalando que el PSOE ha demostrado que su enfoque es más justo y centrado en las necesidades de la población. Al abordar el tema de la vivienda, afirmó que el Gobierno de España ha dado un impulso significativo a la construcción de vivienda pública en Málaga, a diferencia de la Junta que, según ella, ha hecho poco por mejorar la situación.

Además, Montero se refirió a la crisis en el sistema sanitario andaluz, donde denunció que la culpa de los problemas y las largas listas de espera se atribuyen erróneamente a Pedro Sánchez, ignorando las responsabilidades de la administración autonómica. Esto, según ella, es un claro ejemplo de la falta de acción y la incapacidad para gestionar la sanidad como un orgullo andaluz.

En el ámbito educativo, Montero criticó el cierre de aulas públicas y la expansión de colegios concertados y universidades privadas, considerándolos una amenaza para la clase trabajadora. Subrayó que el acceso a la educación no debería estar supeditado a la capacidad de pago, defendiendo la educación pública como un pilar fundamental de la igualdad.

Finalmente, la política de dependencia también fue objeto de su crítica. Montero destacó que mientras el Gobierno de España ha aumentado significativamente la inversión en este ámbito, la Junta ha reducido sus aportes, afectando la atención a personas con necesidades urgentes. Además, mencionó la eliminación de partidas cruciales como la renta de inserción en una región con altos índices de pobreza infantil, destacando la responsabilidad del Gobierno andaluz en esta crisis social.