Montero demanda mayor firmeza de los jueces ante ataques al Tribunal Constitucional.
El 2 de abril en Sevilla, la vicepresidenta primera del Gobierno y titular de Hacienda, María Jesús Montero, ha respondido a las críticas que ha recibido de varias asociaciones de jueces a raíz de sus declaraciones del pasado sábado, donde calificó de "vergonzosa" la absolución del exfutbolista Daniel Alves por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Montero expresó su deseo de que esos organismos de jueces manifestaran la misma vehemencia frente a comentarios de otros partidos políticos, en particular del Partido Popular, que cuestionan las sentencias del Tribunal Constitucional.
Montero hizo estas declaraciones durante un foro informativo organizado por 'El Correo de Andalucía'. Este evento se produjo un día después de que la vicepresidenta se disculpara por cualquier malentendido que pudiera haber surgido de sus palabras, enfatizando que no pretendía poner en entredicho la presunción de inocencia, un principio fundamental en cualquier Estado de derecho.
La vicepresidenta manifestó su preocupación por que la decisión del tribunal catalán pudiera disuadir a potenciales denunciantes, sugiriendo que las mujeres podrían optar por permanecer en silencio ante el temor de que su testimonio no sea valorado adecuadamente en los juzgados. Esto, alertó, podría representar un retroceso en los avances logrados en la lucha contra las agresiones sexuales.
A pesar de valorar positivamente la labor de muchos juristas en el país, Montero expresó su sorpresa por las críticas recibidas de las asociaciones de jueces tras sus recientes comentarios sobre la absolución de Alves. En este sentido, planteó que desearía ver la misma firmeza por parte de estos colectivos cuando otros partidos conversan sobre sentencias o cuestionan el funcionamiento del Tribunal Constitucional.
La vicepresidenta insistió en la solidez del sistema judicial en España, aunque también subrayó que ciertos magistrados han realizado pronunciamientos políticos que merecen análisis, especialmente en relación con temas de igualdad y leyes polémicas como la amnistía. Según Montero, no parece haber la misma respuesta contundente ante dichos pronunciamientos por parte de las asociaciones de jueces.
Montero dejó claro que no considera que actualmente exista una confrontación entre el poder judicial y el Ejecutivo, sino que, como en cualquier institución, existen tensiones naturales en el desarrollo de sus respectivas competencias que se solucionan en un ambiente de armonía.
También hizo hincapié en cómo el Partido Popular parece utilizar el sistema judicial como una herramienta para sus propios fines políticos, un enfoque que, según ella, se evidenció en el manejo del 'procés' independentista en Cataluña.
Por último, al ser cuestionada sobre la reciente providencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, que plantea elevar una cuestión prejudicial a la Unión Europea sobre las sentencias del Tribunal Constitucional relacionadas con los ERE, Montero observó que ha llamado su atención la rápida reacción de la derecha conservadora ante estas resoluciones. Aunque evitó pronunciarse sobre este caso específico, reiteró su postura de que las sentencias del Tribunal Constitucional revelan fallos en el respeto al derecho de defensa de los implicados en los procedimientos de los ERE.
Montero también aludió al principio de la presunción de inocencia, rechazando las acusaciones que enfrentan los socialistas en el Congreso, donde son señalados de corrupción y malversación, y enfatizó que este derecho constitucional parece olvidado en el debate público.
Según la vicepresidenta, esta situación evidencia que el discurso del Partido Popular en torno a este tema es más una estrategia interesada que una preocupación genuina por la justicia. Al final, lo que a dicha formación le interesa es mantener el foco en cuestiones superficiales.