El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha defendido la respuesta del Gobierno a las demandas de la Junta de Andalucía en el ámbito de las infraestructuras hídricas. Según él: "hemos respondido con absoluta inmediatez al planteamiento que nos ha hecho la Junta" y ha reivindicado que se están acometiendo inversiones en Andalucía de unos 1.000 millones de euros en materia de agua.

En declaraciones a Europa Press, Morán ha sido cuestionado acerca de si considera que la Junta de Andalucía ha hecho del agua un arma electoral. En respuesta, ha declarado que "nuestra fórmula se fundamenta en la planificación" y ha precisado que "las decisiones no obedecen a momentos electorales".

El Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros, que incluye actuaciones para Andalucía como el trasvase de 7 hectómetros cúbicos del Tinto, Odiel, Piedras para atender las necesidades de Matalascañas y los 200 millones para dos desaladoras en Málaga y Almería, ha sido objeto de preguntas por parte de Europa Press. En este sentido, el secretario de Estado ha asegurado que el trasvase forma parte del paquete de actuaciones destinadas a mejorar la situación en la que se encuentra el Parque de Doñana y que están comprometidos con la Comisión Europea para restituir las condiciones ambientales de Doñana.

Sobre las desaladoras de Málaga y Almería, Morán ha explicado que "nos planteó la Comunidad Autónoma la posibilidad de que desde el Ministerio pudiésemos cooperar en ese plan de inversiones. Era una línea de cooperación en la cual el Ministerio podía asumir ese compromiso y, más allá de que se trata de la propuesta inicial, que ya hemos aceptado, la evaluamos en esos 200 millones de euros".

Ante la pregunta de si la presión política de la Junta de Andalucía ha empujado al Gobierno a hacer un Consejo de Ministros extraordinario con medidas para contrarrestar la sequía, Morán ha afirmado que "en materia de planificación hidrológica lo que pesa es la propia planificación", por lo que rechaza que sea "una especie de mesa de negociación entre dos partes".

El secretario de Estado ha destacado que el agua es un bien público y un derecho humano garantizado por Naciones Unidas y ha afirmado que "no la modificamos por más que en un momento determinado haya presiones de un tipo o de otro por intereses electorales, a golpe de campaña electoral".