SEVILLA, 8 de diciembre.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, liderará este martes, 9 de diciembre, la firma de un importante acuerdo con los sindicatos CSIF, UGT y CCOO, orientado a impulsar la mejora del empleo público y asegurar servicios "de calidad" en el marco de la Ley de Función Pública de Andalucía. Este acuerdo beneficiará a unos 80.000 trabajadores del sector público en la región, incluyendo a profesionales de la administración, la justicia y otros empleados del sector público instrumental.

El acto de firma se llevará a cabo a las 11:00 horas en el Palacio de San Telmo en Sevilla, sede de la Presidencia de la Junta, según anunció la convocatoria de prensa.

Este acuerdo, recientemente ratificado en la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral, comenzó a regir el 3 de diciembre tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 2 de diciembre. El consejero de Justicia, Función Local y Administración, José Antonio Nieto, ha calificado este hito como "histórico", afirmando que representa un "auténtico salto de calidad" para los empleados públicos.

La consejería correspondiente formalizó este primer avance legal junto a los sindicatos CSIF, CCOO-A y UGT-A, así como el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) y la Iniciativa Sindical Andaluza (ISA), antes de recibir el respaldo del Consejo de Gobierno. Este acuerdo se estima que beneficiará a cerca de 70.000 empleados públicos, además de incluir a casi 10.000 funcionarios en el área de Justicia, aunque este último colectivo es parte de un cuerpo estatal.

Desde el Gobierno andaluz se ha especificado que el acuerdo tendrá un carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025 y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2030. Se prevé que tenga un impacto económico de 250 millones de euros distribuidos en cinco años, con un asignación anual de 50 millones.

Entre las propuestas que se derivan de este acuerdo, destaca la implementación de una carrera profesional que se inspira en la estructura del ámbito sanitario. Los empleados tendrán la responsabilidad de solicitar la aplicación de esta carrera, que tendrá efectos a partir del 1 de enero de 2025.

La Junta ha enmarcado tanto la carrera profesional como la evaluación del desempeño de los empleados autonómicos como herramientas objetivas para reconocer el mérito y la dedicación. Este acuerdo, resultante de la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General del 10 de noviembre, también requerirá la aprobación del Consejo de Gobierno antes de que se establezca un nuevo decreto que regule estas iniciativas.

Desde el Gobierno andaluz se ha subrayado que este acuerdo moderniza profundamente el sistema retributivo, proponiendo una transformación del complemento específico a un nuevo complemento de puesto, caracterizado por su claridad y vinculación a criterios de responsabilidad y dificultad técnica, lo que ayudará a poner fin a desigualdades históricas y mejorar la coherencia dentro del modelo.

El compromiso del Gobierno andaluz busca concluir la implementación del VII Convenio Colectivo, que reemplazará al vigente desde 2002, proporcionando así un marco actualizado para el personal laboral que cumpla con las estipulaciones de la Ley de Función Pública. A su vez, se enmarca dentro de una estrategia de empleo orientada a reducir la temporalidad estructural a menos del 8%, comprometiéndose a ofrecer un modelo estable para la cobertura de vacantes y mecanismos de control que eviten el abuso de la temporalidad en contratos y nombramientos.

El acuerdo también contempla una renovación en la organización de los recursos técnicos y sanitarios en prevención de riesgos laborales, con el fin de reconfigurar el Servicio de Prevención Propio, asegurando la integración efectiva de la prevención en la administración andaluza y una distribución adecuada de los recursos preventivos.

Asimismo, se prevé la creación de unidades administrativas compartidas, que facilitarán la ejecución de proyectos estratégicos y abordarán necesidades temporales. En línea con la Ley de la Función Pública de Andalucía y el Plan Estratégico de Recursos Humanos 2023-2030, esta iniciativa tiene como objetivo posicionar a Andalucía a la vanguardia de la gestión pública, garantizando una administración que actúa como motor económico y que se adapta a los contemporáneos retos digitales con estructuras flexibles y centradas en las personas.

La Junta ha enfatizado que el acuerdo establece un marco estable que fomentará la motivación y la estabilidad laboral, elementos esenciales para mejorar la atención al público. De igual manera, se asegura que esta iniciativa será fundamental para reducir la brecha digital entre la ciudadanía, mejorando la capacidad del sector público para asistir a quienes tienen habilidades digitales limitadas.