Un nuevo auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Coria del Río, Sevilla, subraya la gravedad de una situación alarmante: el varón de un municipio en la comarca del Aljarafe, actualmente investigado por presuntos delitos de amenazas y coacciones hacia su hija mayor, ha sido enviado nuevamente a prisión provisional, comunicada y sin opción de fianza. Este hombre está bajo la lupa judicial junto a su esposa por posibles agresiones sexuales continuadas contra su hija de 19 años.

La sentencia, emitida el pasado 6 de noviembre y difundida por Europa Press, destaca no solo el contexto de las acusaciones, sino también la historia complicada que ha llevado a la denuncia. Aparentemente, la hija denunció a su padre tras haber sido inicialmente denunciado por su madre, quien finalmente optó por retirar su acusación. Este complejo enredo marca un terrible reflejo de los problemas de violencia doméstica y las dinámicas familiares disfuncionales que afectan a jóvenes adultos.

En un intento por proteger a la joven denunciante, el Juzgado ha establecido una medida cautelar que prohíbe al padre acercarse o comunicarse con ella. Sin embargo, el incumplimiento de esta orden ha sido reiterado, lo que no solo pone en riesgo a la víctima, sino que también puede llevar a un nuevo proceso penal contra el encartado. Las autoridades enfatizan que este comportamiento no solo representa una violación de la ley, sino que además podría resultar en limitaciones más severas a su libertad personal.

Las actuaciones judiciales han revelado que el varón se encuentra bajo investigación por un presunto quebrantamiento de dicha medida restrictiva y amenazas. La preocupación del Juzgado está justificada: según el testimonio de la joven, su padre ha manifestado de forma explícita que desea que ella retire la denuncia si quiere ver a su hermana pequeña, lo que, en sí mismo, puede considerarse una forma de coacción y una presión psicológica inaceptable.

Adicionalmente, el Juzgado ha obtenido información que indica que, a pesar de la prohibición, el padre ha intentado comunicarse con su hija a través de su madre, demostrando una clara desobediencia a las medidas impuestas. Aunque se ha intentado argumentar que la hija es quien busca el contacto, el Tribunal destaca que el cargo de quebrantamiento de medida recae sobre el investigado, independientemente de cómo se produzcan esas comunicaciones familiares.

El Juzgado ha dejado claro que las pruebas presentadas por la denunciante contradicen las afirmaciones del padre. Si bien este último ha tratado de argumentar su inocencia y presentar un relato de auto-victimización, no ha podido proporcionar evidencia que sustente su versión, lo que aumenta la gravedad de la situación que enfrenta.

Ante el continuo desprecio por la orden de alejamiento, el Juzgado ha tomado la difícil pero necesaria decisión de enviar al investigado a prisión provisional. Ello se hace en un esfuerzo por salvaguardar no solo la integridad física de la joven, sino también su bienestar emocional, en un contexto donde el ciclo de violencia y abuso puede recuperarse si no se toman las medidas adecuadas. La protección de las víctimas de violencia doméstica es una prioridad absoluta, y el sistema judicial debe garantizar que la justicia prevalezca y que quienes infrinjan la ley sean tratados con la seriedad que sus acciones merecen.