Granada, 21 de octubre. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha declarado hoy que la Policía Nacional está llevando a cabo una labor de "protección y vigilancia" en el entorno del centro escolar al que asistía Sandra Peña, la joven que se quitó la vida, presuntamente debido a casos de acoso escolar.

Durante su intervención ante los medios, Fernández indicó que la investigación sigue su curso, solicitando el “máximo respeto” hacia el trabajo que están realizando tanto la Policía como la Fiscalía de Menores en este delicado caso. Además, subrayó la trascendencia que tiene el uso del teléfono móvil en esta situación.

Por su parte, fuentes del Ministerio Público han confirmado a Europa Press que se han abierto dos investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon el suicidio de la menor. Una de ellas, relacionada con la reforma juvenil, se ocupa de la posible implicación de otras menores en el acoso, mientras que la segunda, de supervisión, se focaliza en la evaluación de la actuación y posibles responsabilidades del centro educativo al que Sandra asistía.

Esta decisión de la Fiscalía se tomó tras conocer que el centro no activó los protocolos establecidos para situaciones de acoso escolar o conductas autolíticas, un requisito que tiene carácter obligatorio según la normativa vigente. Como consecuencia, se ha decidido remitir al Ministerio Público toda la información recopilada sobre el caso y abrir un expediente administrativo para determinar las responsabilidades pertinentes.

En relación a estos acontecimientos, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha propuesto que las grandes compañías tecnológicas implementen bloqueos en el uso de redes sociales para aquellos que acosen de forma “reiterada” a otros usuarios, abriendo un debate urgente sobre la responsabilidad de las plataformas digitales en la lucha contra el ciberacoso.