SEVILLA, 21 de julio. El grupo parlamentario Por Andalucía ha dado a conocer este lunes su intención de llevar al Pleno del Parlamento una proposición no de ley (PNL) que exige la auditoría y fiscalización de todas las licitaciones y adjudicaciones concedidas a la consultora EY. Esta situación se encuentra en el centro del foco debido a la vinculación del consejero de Hacienda del Gobierno de Juanma Moreno, José Alberto García Valera, quien está bajo investigación por su supuesta participación en una trama que supuestamente recibía dinero para modificar normativas en beneficio de empresas del sector gasista.

En un comunicado, Por Andalucía ha destacado que recientes revelaciones sobre este caso sugieren un patrón preocupante que se remonta a cuando el exministro Cristóbal Montoro nombró a García Valera como director general de Tributos entre 2016 y 2018. Durante ese tiempo, se alega que desempeñó un papel crucial en la redacción de leyes y reglamentos que favorecían a estas empresas a cambio de pagos ilícitos.

García Valera fue designado consejero de Hacienda en enero de 2019, pero dimitió apenas un mes después. Luego se unió a EY, una decisión que ha generado controversia y cuestionamientos sobre su integridad, según aclara el grupo Por Andalucía.

Desde esta confluencia de fuerzas políticas, que incluye a Podemos e Izquierda Unida, se enfatiza que los documentos judiciales sugieren que, mientras García Valera estaba involucrado en la mencionada trama, colaboraba en tareas técnicas que justificaban las reformas legales que beneficiaban a estas corporaciones.

Además, una vez que el exconsejero dejó su puesto en el Gobierno, la Junta adjudicó contratos millonarios a la consultora en la que él era socio, específicamente para realizar auditorías del sector público andaluz, un hecho que ha sido criticado enérgicamente incluso por la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Ante estos desarrollos, Por Andalucía hace hincapié en la necesidad de examinar estas transacciones y garantizar la legalidad de las mismas. Anunciaron que su proposición no de ley buscará establecer las condiciones para una revisión exhaustiva de estas adjudicaciones y su cumplimiento desde 2019 hasta el presente.

De acuerdo con el texto de la iniciativa, el Parlamento está llamado a instar al Gobierno andaluz a realizar una auditoría externa que evalúe los contratos otorgados a EY y asegurar que toda la información relacionada sea pública y accesible para los ciudadanos y los grupos parlamentarios.

Además, la propuesta demanda que se convoque al Gobierno a comparecer ante el Parlamento y la comunidad andaluza para rendir cuentas sobre su relación con la consultora del exconsejero imputado, alineándose con las exigencias de transparencia que han requerido otras partes en situaciones similares.

Por Andalucía expresa su esperanza de que el Partido Popular apoye esta iniciativa, argumentando que está en línea con propuestas similares que ya han hecho respecto a la corrupción en otras licitaciones.

Finalmente, el grupo de izquierda ha manifestado su deseo de que el PP se distancie de las declaraciones desafortunadas de su actual responsable, Juan Bravo, quien ha minimizado la gravedad de la situación argumentando que las leyes en cuestión fueron legitimadas por el Parlamento, un comentario que ha sido calificado de absurdo por parte de Por Andalucía.

Desde la formación denuncian que tales excusas son falaces y deshonestas, recordando que similar retórica fue utilizada antes por el PSOE y exigiendo un mayor respeto hacia la ciudadanía andaluza en estos asuntos de corrupción.