En Sevilla, el Partido Popular Andaluz (PP-A) ha manifestado su descontento hacia la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, instándole a que revierta su decisión de restringir el uso del superávit municipal. La formación política planea introducir mociones en los plenos de diversos ayuntamientos para exigir la posibilidad de invertir esos recursos en mejorar las condiciones de sus localidades.

En una rueda de prensa, Ana Mestre, vicesecretaria de Política Municipal del PP-A, se mostró crítica con lo que consideró una "decisión injustificada" por parte de Montero. Según ella, esta medida afecta negativamente a aquellos ayuntamientos que han sido responsables en su gestión financiera y que ahora se ven impedidos de utilizar el superávit acumulado para realizar inversiones importantes en sus comunidades.

Mestre señaló que esta situación refleja una "discriminación más" derivada de lo que ella califica como una gestión deficiente por parte del Gobierno de España, destacando que la actual crisis política y la falta de apoyos para el presidente Pedro Sánchez son factores que limitan la acción gubernamental y afectan los derechos y la igualdad de los ciudadanos.

La dirigente del PP-A apuntó que la carencia de un presupuesto general para 2025 impacta directamente en los servicios públicos, subrayando que los ayuntamientos sufrirán una reducción significativa en sus ingresos, que serán más de 1,200 millones de euros menos en comparación con el año anterior.

Asimismo, Mestre criticó las declaraciones de Montero sobre el superávit, señalando que la normativa de Estabilidad Presupuestaria ahora restringe estas reservas a la deuda y no permite su uso en inversiones sostenibles. “Hay muchos consistorios sin deudas que necesitan esos fondos para mejorar sus infraestructuras”, agregó.

La vicesecretaria del PP-A destacó que esos superávits podrían ser utilizados para construir viviendas protegidas, desarrollar polígonos industriales o mejorar servicios públicos esenciales, lamentando que la visión del Gobierno de Sánchez sólo favorezca a aquellos ayuntamientos que han cumplido con sus obligaciones financieras.

Para Mestre, resulta “contradictorio” que mientras el Gobierno condona deudas de sus socios independentistas, paralelamente castiga a los ayuntamientos y a los ciudadanos, limitando las inversiones en sus respectivas comunidades. Ante esto, el PP-A se propone elevar una moción en los plenos municipales solicitando al Gobierno que presente una ley que permita a los consistorios destinar su superávit a proyectos de inversión.

Finalmente, Mestre reafirmó el compromiso del PP-A con el municipalismo y criticó lo que considera un trato discriminatorio por parte del Ejecutivo hacia ciertas localidades. Afirmó que cualquier medida que beneficie a un ayuntamiento debe ser extensible a otros en situaciones económicas similares, en vez de favorecer un enfoque partidista que, según ella, es lo que intenta el PSOE con acuerdos particulares.