La defensa del medio ambiente ha tomado un giro significativo en Córdoba, donde el Equipo de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha iniciado una investigación en contra de un individuo por un presunto delito de usurpación de aguas, relacionado con la extracción ilegal de agua a través de pozos clandestinos.

La pesquisa comenzó tras una exhaustiva inspección de las captaciones de agua para riego en una finca dedicada al cultivo de olivos, ubicada en el término municipal de Córdoba. Esta inspección fue realizada de manera conjunta por el personal del Seprona y representantes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Durante esta actividad se localizaron cinco pozos, de los cuales solo dos contaban con la legalidad correspondiente; los otros tres, sin embargo, presentaban irregularidades alarmantes, incluyendo la instalación de "bypass" en los pozos legales para evadir la medición de sus contadores.

Entre los pozos investigados, se hallaron dos que operaban de manera clandestina, uno de los cuales estaba completamente enterrado, complicando su detección. El quinto pozo, un ejemplo de construcción ilegal, se encontraba sin uso y no contaba con los medios necesarios para la captación de agua.

Adicionalmente, los agentes notaron que los contadores de agua mostraban lecturas sorprendentemente bajas en relación a la superficie total de la finca, que abarca 84,688 hectáreas. Esto generó sospechas sobre la posible existencia de irregularidades en el uso de recursos hídricos.

El desarrollo de la investigación permitió identificar diversas anomalías en las infraestructuras de captación de agua asociadas a la finca. Aunque la explotación agrícola contaba con una concesión que solo autorizaba dos pozos, se descubrió que se habían realizado modificaciones que permitían el uso de cinco pozos, de los cuales cuatro estaban en funcionamiento, permitiendo así el riego sin un control adecuado de su consumo de agua.

Esta situación ha llevado a que, además de las acciones penales, se remitan informes de denuncia a distintas entidades que supervisan los asuntos relacionados, según corresponda a cada ámbito de competencia, resaltando las múltiples infracciones administrativas detectadas durante la investigación.

Como resultado de toda esta operación, se ha decidido investigar a un individuo, quien es considerado el presunto responsable de este delito de usurpación de aguas. Las diligencias correspondientes ya han sido entregadas a la Autoridad Judicial, lo que subraya la importancia de velar por el uso sostenible y regulado de los recursos hídricos en la región.