Las comunidades autónomas de Andalucía y Cataluña destacan como las más beneficiadas en el nuevo proyecto de ley que busca reestructurar la deuda regional, aunque la iniciativa debe recibir la aprobación de las Cortes Generales.

MADRID, 31 de agosto.

El próximo Consejo de Ministros está preparado para dar luz verde a una legislación impulsada por el Ministerio de Hacienda, la cual tiene como objetivo que el Estado asuma hasta 83.252 millones de euros en deuda de las autonomías. Este plan representa un alivio significativo para Andalucía y Cataluña, que recibirían 18.791 millones y 17.104 millones de euros, respectivamente, lo que equivale a más del 43% del total de la cantidad librea a distribuir.

Este proyecto se ha gestado a raíz del acuerdo entre el PSOE y ERC que busca aliviar la tensión financiera de Cataluña, permitiendo que otras comunidades que lo deseen también puedan beneficiarse de esta medida.

En febrero, el Ministerio de Hacienda ofreció detalles sobre el cálculo que determina el monto específico que el Estado asumirá para cada comunidad. Es importante destacar que, aunque se presenta un esquema general, cada gobierno regional tiene la responsabilidad final de decidir si acepta este plan de reestructuración de la deuda.

Andalucía y Cataluña sobresalen como las principales beneficiarias; les siguen la Comunidad Valenciana, que recibiría 11.210 millones de euros, y la Comunidad de Madrid, con 8.644 millones. Otras regiones como Castilla-La Mancha (4.927 millones), Galicia (4.010 millones) y Castilla y León (3.643 millones) también se verían favorecidas, aunque en menor medida. Las comunidades que no están incluidas en este reparto son Euskadi y Navarra, que buscan alternativas a través de sus sistemas forales.

PROCESO LEGISLATIVO EN MARCHA

El Gobierno tiene la intención de concretar la aprobación de esta ley en el Consejo de Ministros de esta semana, después de lo cual el texto se enviará a las Cortes Generales para su debate y aprobación final.

En la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que tuvo lugar en febrero, el Gobierno logró avanzar con esta propuesta, gracias al apoyo de las comunidades gobernadas por el PSOE. En contraste, las regiones del PP decidieron retirarse de la votación, lo que el Gobierno interpretó como una forma de abstención, confiando en que, a pesar de sus críticas, eventualmente se sumen a la iniciativa si se hace efectiva.

Aun así, el Ministerio de Hacienda aún no cuenta con todos los apoyos necesarios en el ámbito parlamentario, ya que algunos aliados, como Junts, han expresado sus reservas sobre la extensión de esta medida a todas las comunidades.

METHODOLOGÍA DEL CÁLCULO

Según ha explicado la ministra María Jesús Montero, la metodología para determinar la condonación de la deuda consta de tres etapas. La primera consiste en evaluar la diferencia en el endeudamiento de las comunidades entre los cierres de 2009 y 2013, en comparación con los cierres de 2019 y 2023. Este análisis prevé una condonación promedio del 19% de la deuda autonómica vigente a finales de 2023.

En la segunda fase, se planteará una condonación adicional para aquellas comunidades cuyo deuda condonada se sitúe por debajo de la media del 19,3%. Esta medida busca mitigar el sentido de desigualdad que puedan sentir algunas autonomías frente al resto del país, tal como señaló Montero.

Finalmente, en la tercera fase se contempla un ajuste para fomentar la equidad, teniendo en cuenta la comunidad que reciba la mayor condonación por habitante ajustado. En este caso, la Comunidad Valenciana lidera con 2.284 euros por habitante, convirtiéndose en el monto de referencia. Asimismo, las comunidades que hayan elevado el IRPF entre 2010 y 2022 podrían recibir una condonación adicional, que podría alcanzar hasta un 10% si superan la media, o un 5% si están por debajo.