En un giro polémico de los acontecimientos, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha levantado la voz en contra de una reciente resolución judicial que ordena a Juana Rivas entregar a su hijo menor a su padre, quien tiene la custodia, con el objetivo de trasladarlo a Italia. Redondo señala que hay una preocupante desconexión entre los sistemas de justicia penal y civil, advirtiendo sobre el impacto que esto puede tener en el bienestar de los menores.

Durante una entrevista en RNE, la titular de Igualdad expresó su respeto por el poder judicial, pero no pudo evitar calificar algunas decisiones como "incomprensibles", argumentando que no siempre son resultado de una interpretación adecuada de la ley. Según Redondo, es crucial priorizar el interés del menor, subrayando que "nunca va a ser beneficioso para un niño convivir con un maltratador".

La situación, reconocida como extremadamente complicada, involucra tribunales de dos países miembros de la Unión Europea. Sin embargo, Redondo cuestiona cómo en Italia el proceso de custodia y patria potestad se ha acelerado, mientras que el caso de maltrato contra el padre sigue estancado en el sistema penal. Este desajuste le resulta alarmante, y subraya su falta de comprensión ante la decisión judicial tomada tanto en Italia como en España.

Asimismo, la ministra se refirió a otro caso alarmante en Sigüenza, Guadalajara, donde una familia se ha visto obligada a entregar a una niña de 4 años, huérfana de madre, a su padre, que enfrenta denuncias por maltrato. Redondo enfatizó la existencia de una "desconexión grave" entre las jurisdicciones que afectan directamente al bienestar infantil.

Redondo demandó una mayor coordinación entre los ámbitos judiciales, insistiendo en que no es aceptable que los procesos civiles avanzan mientras hay investigaciones penales abiertas por violencia de género. En su opinión, la ley integral contra la violencia de género establece de forma clara que es fundamental esperar una sentencia penal firme antes de tomar decisiones sobre la custodia y la patria potestad. "El mejor interés del menor radica en no vivir con quien ha perpetrado maltratos", concluyó la ministra.