En una significativa operación, las autoridades han desmantelado una red criminal que operaba fábricas clandestinas de tabaco en las provincias andaluzas de Málaga y Córdoba, estimando que la producción diaria alcanzaba la asombrosa cifra de ocho millones de cigarrillos. El fraude fiscal relacionado con esta actividad se calcula en más de dos millones de euros diarios.

El 7 de agosto, la Guardia Civil, en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, llevó a cabo un operativo que resultó en la detención de 21 individuos. Durante esta acción, se rescataron a 18 personas de diversas nacionalidades que sufrían condiciones laborales inhumanas dentro de estas instalaciones ilegales.

La investigación se originó a partir de las denuncias sobre la presunta existencia de una fábrica de tabaco no autorizado en una localidad malagueña. Esa pista condujo a los investigadores a una segunda planta en Córdoba, que resultó ser parte del mismo entramado delictivo.

Los registros realizados en ambas fábricas revelaron materiales y productos que superan los tres millones de euros en valor, evidenciando la magnitud del fraude. Se estima que las operaciones de esta organización no solo impactaban económicamente, sino que también violaban gravemente los derechos humanos de sus trabajadores.

Es alarmante que la red reclutara a personas de Asia y Europa del Este, a quienes prometían condiciones laborales favorables. Sin embargo, al llegar a España, estas personas se encontraban encerradas en condiciones de hacinamiento y eran forzadas a trabajar durante largas jornadas sin ninguna compensación, sometidas a la extorsión de saldar una supuesta deuda con la organización.

La mala práctica de la explotación laboral fue una de las principales pruebas que los investigadores pudieron corroborar, lo que llevó a la fiscalía a imputar varios delitos a los arrestados, incluyendo trata de seres humanos, estafa fiscal, contrabando de tabaco y pertenencia a una organización criminal, así como infracciones contra la propiedad industrial.

La operación fue ejecutada por las Unidades Operativas de Vigilancia Aduanera de Málaga y Sevilla, junto con la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Sevilla y el equipo Roca de Antequera, todos pertenecientes a la Guardia Civil. Este caso evidencia la necesidad de intensificar los esfuerzos para combatir tanto el contrabando como la explotación laboral en diversas industrias.