En una reciente comparecencia en Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, criticó contundentemente la gestión del jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, asegurando que su única preocupación por la sanidad se traduce en una inyección de 1.500 millones de euros a empresas privadas.

Durante su discurso en la reunión interparlamentaria del Grupo Socialista en el Congreso, Sánchez subrayó que Andalucía ha recibido una asignación de 54.000 millones de euros más de lo que su predecesor, Mariano Rajoy, había proporcionado, lo que se traduce en un aumento del 47 por ciento en la financiación a la comunidad autónoma bajo la administración de Moreno.

El presidente del Gobierno enfatizó que el Partido Popular (PP) y Moreno Bonilla han empleado uno de cada cuatro euros de esta inversión adicional en áreas no relacionadas con los servicios públicos, un uso que, según Sánchez, demuestra la falta de compromiso con el bienestar común.

Sánchez no dudó en señalar que la administración de Moreno ha cerrado más de 2.000 aulas públicas y ha rechazado 120 millones de euros procedentes de fondos europeos, que podrían haber permitido la creación de 12.000 plazas de educación infantil gratuitas. Esto, afirmó, es un claro ejemplo de prioritizar intereses privados sobre los públicos.

El mandatario socialista advirtió que esta tendencia de desvío de fondos públicos hacia unos pocos privilegios es evidente en todas las comunidades donde gobierna la "derecha", a menudo con la complicidad de la ultraderecha, y que representa una amenaza para el tejido social del país.

Sánchez también reveló que los presidentes del PP están rechazando una reducción de deuda de alrededor de 60.000 millones de euros, a pesar de que ellos mismos habían solicitado dicha alivio, lo que podría resultar en un ahorro de más de 6.700 millones de euros al año en intereses. Esta cifra supera la que las autonomías gobernadas por el PP destinan a financiar sus universidades públicas.

Finalmente, el presidente instó a sus compañeros socialistas a denunciar esta situación y a combatir lo que calificó de un "ataque sin precedentes al estado del bienestar" en las regiones bajo control del PP, poniendo de manifiesto la importancia de defender el acceso a los servicios públicos esenciales.