El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una iniciativa muy esperada para revitalizar la inclusión social en Doñana. Este martes, se aprobaron dos reales decretos que destinarán cinco millones de euros a financiar proyectos locales destinados a mejorar la situación sociolaboral de las comunidades más vulnerables en la región, así como a promover la sensibilización entre la población inmigrante, incluidos los temporeros de los asentamientos.

Esta significativa inversión se inscribe dentro del Marco Socioeconómico de Actuaciones para Doñana, una estrategia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La línea de actuación relacionada con Inclusión y Migraciones se compone de un total de tres proyectos, que recibirán cinco millones de euros en 2025 y un total adicional de 14 millones en los años siguientes, según ha informado el Gobierno.

Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, ha destacado que esta medida representa un paso importante dentro del marco de acciones del ministerio. Aagesen subrayó que es fundamental para la recuperación del parque nacional y para integrar a los trabajadores que dependen económicamente de su entorno.

Por su parte, la ministra Elma Saiz enfatizó en una rueda de prensa que esta acción es decisiva para equilibrar la protección del medio ambiente y las necesidades de inclusión social, mejorando la calidad de vida de los residentes y temporeros de esta rica zona natural.

Los decretos son resultado de un proceso de diálogo y cooperación con los 14 municipios que rodean Doñana, tales como Almonte y Sanlúcar de Barrameda. Esta colaboración se formalizó el 18 de junio en Sevilla, cuando se firmaron los protocolos de colaboración con cada uno de los ayuntamientos implicados.

Ahora, los consistorios contarán con un plazo de 10 días hábiles, después de la publicación en el BOE, para presentar sus propuestas. Posteriormente, se firmarán convenios individuales con cada municipio en una región que alberga a más de 209.000 personas, donde el trabajo agrícola es la principal fuente de empleo, afectando a casi el 60% de la población activa.

Las subvenciones que se ofrecerán a través del Real Decreto para iniciativas locales se centrarán en fortalecer los sistemas de triaje social en los servicios públicos, facilitando el acceso a estos recursos y personalizando diagnósticos para aliviar la presión asistencial y fortalecer las redes comunitarias. Además, se desarrollarán itinerarios de inclusión social y laboral diseñados a la medida de cada individuo.

La Secretaría General de Inclusión se encargará de supervisar y evaluar estos proyectos, con el compromiso de publicar los resultados para generar evidencias que impulsen la formulación de políticas de inclusión más efectivas.

Los itinerarios personalizados incluirán formación laboral, apoyo en la búsqueda de empleo y medidas para facilitar la conciliación de la vida personal y laboral. También se implementarán programas de refuerzo lingüístico y diversas actividades educativas para prevenir el absentismo escolar y promover la integración cultural, así como la sensibilización sobre equidad de trato y derechos de ciudadanía.

Además, se prevén acciones de apoyo psicosocial a mujeres víctimas de violencia de género y campañas de sensibilización contra el racismo y la xenofobia.

El Real Decreto que financiará iniciativas para la población inmigrante también prioriza acciones de sensibilización sobre racismos y delitos de odio, así como la normalización documental mediante el conocimiento de la normativa migratoria. Se pretende así fomentar las autorizaciones de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales y otras formas de arraigo.

Como ha subrayado la ministra, el objetivo de estas acciones es garantizar el ejercicio de los derechos de todas las personas y promover el respeto a la diversidad y la tolerancia, elementos esenciales para el desarrollo social y económico de los municipios que integran la singularidad de Doñana.