Un trabajador en paro y sin prestaciones ha iniciado una huelga de hambre frente a la Audiencia de Sevilla exigiendo que se adelante el juicio fijado para el 5 de febrero de 2026 en el Juzgado de lo Social número nueve, para resolver su reclamación por la cual solicita que se le reconozca la incapacidad permanente total debido a "graves dolencias crónicas y degenerativas de carácter lumbar". La situación del trabajador le impide trabajar y ha agotado todas sus prestaciones y ahorros, por lo que ya no puede afrontar su propia "manutención".

El trabajador, Julio César Hierro, afirma que debido a sus graves dolencias crónicas y degenerativas, estuvo en periodos de incapacidad temporal y finalmente fue despedido por la empresa para la que trabajaba. Su reclamación judicial se dirige contra una resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social emitida el 30 de noviembre de 2021, acordando su alta, solicitando que se le reconozca la incapacidad permanente total para acceder a la correspondiente prestación.

Sin embargo, el Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla ha fijado el juicio para el 5 de febrero de 2026, lo que afecta gravemente a su situación socioeconómica. Hierro ha agotado la prestación por desempleo que le correspondía, sus ahorros y teme que le interrumpan los suministros de electricidad y agua en su vivienda, sumado a que su situación sanitaria le obliga a gastar 200 euros al mes en medicamentos.

Por lo tanto, Hierro se ha declarado "en huelga de hambre", demandando que el Juzgado de lo Social número nueve adelante la fecha del juicio correspondiente a su reclamación judicial. Su abogado ha presentado un escrito en el juzgado, exponiendo que, "tras un año y medio durante el cual el demandante ha consumido ya todos sus recursos económicos, prestaciones y ayudas sociales, con las graves dolencias que padece, que no le permiten trabajar ni encontrar empleo, unido a la edad del trabajador y a que tiene a cargo de una mujer y un hijo; todo ello le ha colocado en una situación de desesperación económica y social que ha forzado a solicitar el presente adelantamiento".

El escrito también señala que es "totalmente inadmisible, contrario a derecho y totalmente impropio de un estado de derecho que se precie" que el sistema de justicia no pueda garantizar el derecho de un trabajador a la celebración de una vista oral en un plazo inferior a cinco años, en la que únicamente se reclama una prestación contributiva a la que entiende tiene derecho y que supondría el único ingreso posible para sustentar económicamente a su familia.