Este jueves, los sindicatos CSIF, CCOO y UGT llevarán a cabo una manifestación que comenzará en el Rectorado de la Universidad de Sevilla y culminará en el Palacio de San Telmo. La marcha tendrá lugar durante la última jornada de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU) y se centrará en la defensa del personal de las universidades públicas de Andalucía y en exigir una financiación adecuada para mantener la calidad del sistema universitario público.

Los sindicatos buscan que se cubran el 100% del capítulo 1 de los presupuestos de personal y que se cumplan los acuerdos establecidos en 2018 sobre el complemento autonómico del Personal Docente Investigador (PDI) y el desarrollo de la carrera horizontal del Personal de Administración y Servicios (PAS). Además, reclaman el pago de los atrasos correspondientes a los últimos cinco años.

En comunicados de prensa emitidos por CSIF Educación Andalucía y CCOO, ambas organizaciones sindicales exigen que la Administración autonómica se siente a negociar tras cinco meses de espera después de la convocatoria en enero de las mesas de negociación andaluzas del ámbito universitario. Según CSIF, una de las principales demandas es una nueva convocatoria de complementos autonómicos para el PDI que afecta a los sueldos más precarios de las plantillas correspondientes al personal de las categorías más bajas.

Por su parte, CCOO asegura que durante el proceso de negociación han asistido a las reuniones con el mayor talante dialogante y colaborador que cabe, aportando ideas y buscando puntos de consenso que no han sido correspondidos por la Administración andaluza. El sindicato agrega que la gestión de la Junta de Andalucía en el ámbito universitario, durante los últimos cinco años, no ha logrado ningún acuerdo en materia de personal en las universidades públicas de Andalucía, lo que podría significar la aplicación de recortes.

Las organizaciones sindicales universitarias CCOO, CSIF y UGT instan al ejecutivo andaluz a que aplique el 1% del PIB andaluz a la financiación de las universidades públicas y a que retome, sin tardanza, las negociaciones para dar cumplimiento a los acuerdos alcanzados en 2018 con la aplicación de los atrasos correspondientes a los últimos cinco años.