En un desarrollo reciente del caso judicial que involucra a Vito Quiles, un importante candidato del partido Se Acabó la Fiesta y jefe de prensa del influyente Luis "Alvise" Pérez, se ha confirmado que la juez ha dado lugar a su solicitud de prestar declaración. Esto se produce después de que Quiles decidiera ejercer su derecho a no declarar durante su primera citación, lo que ha llevado a que el Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla programe una nueva audiencia.

La cita se ha programado para el 25 de febrero, donde Quiles comparecerá en persona como investigado en relación con una querella presentada en su contra. Los cargos incluyen presuntas injurias y calumnias dirigidas hacia Rubén Sánchez, secretario general de la asociación de consumidores y usuarios Facua. Este es un acontecimiento que ha captado la atención mediática y el interés público en un contexto donde la libertad de expresión y la responsabilidad en las comunicaciones digitales son temas candentes.

En una reciente providencia emitida por el Juzgado de Instrucción número 18, se ha informado acerca de la solicitud que realizó Vito Quiles para declarar. En su primera comparecencia el pasado 25 de diciembre –que se llevaría a cabo por videoconferencia–, Quiles optó por no declarar, lo que motivó la nueva citación. La juez ha decidido entonces recibirlo nuevamente en una declaración presencial el próximo 25 de febrero a las 11:40, instando tanto al investigado como a su abogado defensor a asistir a la audiencia programada.

La querella que está en el centro de estas diligencias se presentó en octubre de 2022 y se originó a partir de publicaciones realizadas por Quiles en redes sociales. En estas publicaciones, las acusaciones vertidas por Quiles apuntan a que Rubén Sánchez se involucró en “extorsiones y estafas”, además de insinuar una conexión entre Facua y supuestas tramas relacionadas con casos de menores en situaciones de vulnerabilidad en regiones como la Comunidad Valenciana y Baleares, lo que ha causado un gran revuelo tanto en la opinión pública como en los medios de comunicación.

La juez María José Moreno tuvo que ordenar un seguimiento para localizar a Vito Quiles, dado que no se había logrado notificarle en su residencia habitual ni en ninguna otra dirección verificada a través de los registros judiciales. Además, no se pudo establecer contacto telefónico con él, lo que llevó a una serie de demoras en el proceso judicial.

Finalmente, el pasado 13 de junio, tras varios intentos, Quiles se presentó ante el juzgado, donde designó a su abogado y procurador, notificó su dirección y se puso a disposición de la juez en un esfuerzo por avanzar en el proceso judicial que le involucra.

En rendición de cuentas adicional, la juez ha decidido remitir documentación a la Fiscalía del Tribunal Supremo para investigar ciertos contenidos compartidos por Luis "Alvise" Pérez, que podrían implicar amenazas a la función jurisdiccional. Estos contenidos incluyen acusaciones dirigidas a la magistrada titular del juzgado, insinuando que ella emitió una “orden criminal inaceptable” en relación a Quiles, un error que fue subsanado posteriormente con un requerimiento para ubicar al querellado.

En este contexto, Pérez ha dejado claro que, ante la falta de rectificación de la resolución judicial, está dispuesto a publicar información sobre lo que él califica como “soborno”, apuntando directamente a la juez del Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla. Este intercambio de acusaciones y su contexto legal plantean interrogantes cruciales sobre las implicaciones de la libertad de expresión en el ámbito político y judicial, además de resaltar la responsabilidad de los actores políticos en el uso de plataformas digitales para realizar denuncias y declaraciones que trascienden el ámbito privado.