24h Andalucía.

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Tribunal Supremo invalida decisión del Gobierno que dejó fuera a Lucena y Palos de subvenciones para erradicar asentamientos.

Tribunal Supremo invalida decisión del Gobierno que dejó fuera a Lucena y Palos de subvenciones para erradicar asentamientos.

En una decisión que ha generado controversia, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado el acuerdo del Consejo de Ministros que otorgó subvenciones públicas a los ayuntamientos de Lepe y Moguer en Huelva. Esta medida tenía como objetivo erradicar los asentamientos irregulares de trabajadores temporeros en dichos municipios, pero fue considerada "irregular" por excluir a los ayuntamientos de Lucena del Puerto y Palos de la Frontera, que son los más afectados por este problema.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha destacado que el Real Decreto que regulaba estas subvenciones no respetó los principios de objetividad y transparencia en el otorgamiento de fondos públicos. La sentencia ha ordenado iniciar un proceso de concurrencia competitiva para la concesión de estas ayudas, permitiendo la participación de todos los ayuntamientos afectados por la problemática de los asentamientos irregulares.

La Sala ha señalado que la Administración optó por una comunicación informal con cuatro municipios para solicitar propuestas, sin seguir un procedimiento previo ni establecer bases de valoración. Esto resultó en la concesión directa de las subvenciones a Lepe y Moguer, dejando fuera a Lucena del Puerto y Palos de la Frontera, los municipios más afectados según los informes oficiales.

Además, se ha cuestionado el reparto de fondos públicos limitados sin una justificación clara de por qué se excluyó a los municipios con una situación más grave. Lucena del Puerto, que cuenta con el mayor número de asentamientos y de trabajadores temporeros, fue excluido en favor de municipios con menos afectados como Lepe y Moguer.

La Sala ha concluido que la actuación de la Administración fue irregular y que la exclusión de Lucena del Puerto no se basó en la falta de diligencia de su Ayuntamiento, sino en otros motivos que no fueron debidamente justificados. Esta decisión refuerza la necesidad de garantizar la equidad en la distribución de ayudas públicas para abordar problemas tan urgentes como los asentamientos irregulares de trabajadores temporeros en la provincia de Huelva.