SEVILLA, 13 de mayo.

Este martes, en un acto de reivindicación, las federaciones andaluzas de UGT FICA y CCOO Industria se manifestaron frente a la sede del Partido Popular de Andalucía (PP-A) en Sevilla. Esta movilización tenía como objetivo manifestar su rotundo desacuerdo con la reforma del artículo 15.2 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, recientemente modificada en la Ley 1/2025 con el respaldo de PP, Junts y Vox. Esta reforma extendió a 120 días el tiempo que se puede mantener un contrato temporal por circunstancias de la producción en el sector agrícola y agroalimentario.

En el marco de la protesta, el secretario general de UGT FICA Andalucía, José Manuel Rodríguez Salcedo, afirmó que esta modificación representa un claro favor a los intereses empresariales por parte de estos tres partidos, vinculados a la derecha y la ultraderecha. “Lo que están haciendo es evitar que las empresas opten por contratos fijos o discontinuos, perpetuando así la precariedad laboral que tantos trabajadores han padecido”, declaró Rodríguez Salcedo, haciendo hincapié en la necesidad de no regresar a la época de los jornaleros y trabajadores temporales.

La movilización fue desencadenada por el impacto que esta reforma tendrá en Andalucía, la comunidad más perjudicada por la modificación del Estatuto. “Con el PP en el gobierno regional, tenemos que alzar nuestras voces contra una legislación que solo va en detrimento de los derechos de los andaluces”, agregó Rodríguez Salcedo.

El secretario general subrayó la ironía de que, a pesar de que Andalucía es la comunidad con mayor población de España, se esté desatendiendo un sector crítico como el agroalimentario, que da empleo a medio millón de personas. “No podemos permitir que se siga precarizando un sector ya vulnerado, cuyos salarios apenas han mejorado gracias al aumento del Salario Mínimo”, insistió.

Desde UGT FICA Andalucía se denuncia que la nueva regulación permitirá encadenar contratos temporales hasta por seis meses, excluyendo los días no laborables, lo que se considera un preocupante retroceso en los derechos laborales conquistados.

José Hurtado, secretario general de CCOO Industria en Andalucía, también se unió a las críticas, resaltando que, aunque su organización no se opone a la ley de desperdicio alimentario, sí rechaza la inclusión de un artículo que debilita aún más la posición de los trabajadores del sector agroindustrial, el cual es a menudo considerado un entorno de empleo para las mujeres. “Además, este tipo de reformas puede desincentivar a las nuevas generaciones a trabajar en el campo, debido a la continua vulnerabilidad económica”, afirmó Hurtado.

Hurtado planteó un interrogante crucial: “¿Qué joven estará dispuesto a ser empleado en un sector donde los salarios son precarios y se vive en constante incertidumbre?” También subrayó la necesidad de elevar la categoría de los trabajadores del agro a la de "trabajadores de primera", en lugar de perpetuar una situación de subcontratación y precariedad.

Ambos líderes sindicales coincidieron en que esta reforma busca erradicar los contratos fijos discontinuos, llevando a un regreso a prácticas laborales que se creían superadas. Rodríguez Salcedo concluyó haciendo un llamado a los líderes del PP, como partido mayoritario entre los que apoyaron esta medida, a reconsiderar y revertir esta reforma, que perjudica a la comunidad andaluza en su conjunto.

Los sindicatos también advirtieron que la reforma no solo impacta en el ámbito agrícola, sino que se extiende a toda la industria agroalimentaria, afectando a sectores fundamentales como almazaras, industrias cárnicas y panaderías, todos ellos vitales para el empleo rural y costero, especialmente para las trabajadoras.

UGT FICA y CCOO Industria han exigido la retirada inmediata de esta ley y que cualquier cambio en el Estatuto sea revisado en el marco de la Mesa de Diálogo Social, un espacio que consideran el adecuado para discutir reformas laborales significativas.