El Juzgado de lo Penal número 3 de Almería celebrará el próximo viernes la vista oral contra los 28 activistas de Greenpeace acusados de causar presuntos daños al hotel en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), durante una acción reivindicativa en mayo de 2014.

Después de una espera de diez años, ya que el juicio fue pospuesto el año pasado, los acusados se enfrentan a penas de un año de prisión y una multa de 24 meses a razón de seis euros al día por un presunto delito de daños, lo que suma un total de 30.240 euros en multas.

Los activistas se sentarán en el banquillo por la acusación particular presentada por la promotora Azata del Sol, ya que la Fiscalía no ha formulado cargos contra ellos, según fuentes judiciales consultadas por Europa Press.

La Fiscalía considera que tras una extensa investigación judicial, no hay pruebas que indiquen las acciones específicas de cada persona acusada ni si causaron algún daño concreto.

El juez instructor del caso dictó la apertura del juicio oral en febrero de 2021 e imputó a los acusados la supuesta comisión de delitos de daños, solicitando multas de 24 meses a razón de seis euros al día.

Además, se les atribuye un presunto delito de desobediencia, por el cual la promotora del hotel busca 12 meses de prisión para cada uno. También se solicita una responsabilidad civil, de forma solidaria, por un total de 186.703 euros.

El auto del juez señala que los activistas ingresaron al hotel, pintaron la fachada de negro con la inscripción 'Hotel ilegal', 'fracturaron las puertas' y, al ser requeridos por la Guardia Civil para detener su comportamiento, supuestamente desobedecieron las órdenes.

El caso fue archivado en primera instancia por el juez instructor, pero la Audiencia Provincial ordenó su reapertura en 2017 tras la impugnación de Azata del Sol.

Tanto el juez como la Fiscalía concluyeron en su momento que no había intención de dañar la propiedad ajena, sino que era una forma de protestar.

Greenpeace ha señalado que el hotel en cuestión fue construido hace más de 18 años y que llevan luchando desde entonces por su demolición.

La organización ambientalista ha criticado la apertura del juicio oral contra los activistas, argumentando que llevan una década con sus vidas en suspenso por un posible delito de daños en un edificio ilegal.

La directora de Greenpeace, Eva Saldaña, ha declarado que la Justicia no puede ser cómplice de esta situación y ha instado a que sean las administraciones públicas quienes lleven a Azata a los tribunales y reclamen los costos para la demolición del hotel y la restauración de la zona.

Los activistas señalaron el hotel ilegal, que se encuentra cerca del mar y dentro de un área protegida, como un acto de protesta. Defienden que la actividad se llevó a cabo en un espacio público según las regulaciones de la Ley de Costas.

Después de una década de espera, las 28 personas acusadas finalmente se enfrentarán al juicio que determinará si la defensa de la legalidad tiene consecuencias, lamentó Greenpeace.

En resumen, el caso de los activistas de Greenpeace acusados de dañar el hotel en El Algarrobico continúa generando controversia y debate sobre la protección del medio ambiente y la legalidad de las construcciones en zonas protegidas.