GRANADA, 13 de enero. Los abogados de Juana Rivas, quien fue condenada en 2017 a prisión por la sustracción de sus dos hijos menores y que recibió un indulto parcial por parte del Gobierno de España, han expresado su preocupación este lunes tras la reciente decisión del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada. Este tribunal se ha mantenido firme en su postura respecto al hijo menor de Rivas, quien actualmente vive con ella. Esta situación sigue complicada debido a que el Juzgado de Instrucción número cuatro había suspendido temporalmente la orden de restitución dictada por la Corte de Apelación de Cagliari, en Italia, que exigía el regreso del menor junto a su padre, Francesco Arturi, quien ha sido denunciado nuevamente por Rivas por presuntos delitos de coacción y amenazas hacia el niño.

En respuesta al nuevo auto del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2, que se refiere al recurso presentado por la representación legal de Rivas contra el archivo de la jueza tras la denuncia de amenazas y coacciones del pasado 30 de diciembre, se ha indicado que los hechos no cumplen con los requisitos para considerarse violencia de género. Los abogados de Rivas han alertado que esta decisión representa "un grave error que está perjudicando los derechos de un menor y su madre", señalando que dicha resolución es susceptible de ser apelada.

Los letrados de Rivas también han anticipado que, para ese recurso, "en aproximadamente un par de meses la Audiencia Provincial se pronunciará". Se muestran esperanzados en que la Fiscalía apoye su apelación y que esta instancia les otorgue "la razón", subrayando que la naturaleza de las amenazas debe analizarse en su contexto, recordando la diferencia de gravedad entre un mensaje de un amigo y el de un adversario.

Asimismo, los abogados han enfatizado que "las amenazas son un delito circunstancial", que debe ser evaluado no solo por el contenido de las palabras, sino también por el contexto y la relación previa entre el agresor y la víctima. Reiteran su compromiso de "esforzarse al máximo para proteger a Daniel", el hijo de Rivas, actualmente de once años.

La jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 ha manifestado que son las autoridades italianas las que tienen la competencia en este asunto, dado que "ya se está llevando a cabo" un procedimiento penal que investiga al padre por presuntos malos tratos hacia sus hijos. Se hace hincapié en que las diligencias de prueba y cualquier medida cautelar pertinente deben ser determinadas dentro del proceso judicial italiano, que también aborda la guarda y custodia del pequeño.

El auto también añade que las cortes italianas, tal como sostiene el Ministerio Público, tienen la autoridad para ratificar o modificar las medidas cautelares que se hayan acordado el 7 de enero de 2025, en respuesta a la solicitud de Rivas ante el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia. Se menciona que tanto España como Italia comparten un espacio común de libertad, seguridad y justicia, donde el principio de reconocimiento mutuo debe predominar en las relaciones jurídicas entre ambos países.

El pasado 7 de enero, el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Granada decidió inhibirse en favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2, que tenía abierto un procedimiento judicial tras la demanda de violencia de género interpuesta por la madre de Maracena contra el padre, quien solicitaba medidas cautelares para impedir que el menor viajara. Aunque el Juzgado de Violencia de Género decidió archivar la demanda por supuestas coacciones y amenazas, el proceso continuó, ya que la resolución de archivo fue objeto de recurso y, por lo tanto, todavía no es definitiva.

Mientras se espera la resolución del recurso emitido este lunes, la defensa de Rivas, quien fue condenada por la sustracción de sus dos hijos en el verano de 2017 y recibió un indulto parcial del Gobierno de España, solicitó medidas de protección internacional para su hijo menor en la Fiscalía Provincial de Granada, con el objetivo de evitar que regresara con su padre tras las vacaciones navideñas en España.

La Fiscalía informó que, ante la "inminente entrega" del menor programada para el martes, se solicitó al juzgado de guardia que acordara "la comparecencia solicitada" por Rivas y que se llevara a cabo "con urgencia la exploración del menor". Esa noche, el Juzgado de Instrucción número cuatro de Granada decidió suspender provisionalmente la orden de restitución emitida por la Corte de Apelación de Cagliari respecto al hijo menor de Rivas. Posteriormente, este juzgado se inhibió a favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2, que justificó su decisión de la semana pasada, reafirmando su anterior postura este lunes.

En este contexto, el auto editorial de este lunes archiva la denuncia presentada por Rivas, al igual que había hecho el juzgado en Málaga durante las pasadas navidades, argumentando que no existen indicios suficientes que evidencien la comisión de un delito bajo esta jurisdicción. Además, subraya que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 en Málaga había denegado "la solicitud de orden de protección".

Finalmente, este pasado viernes, más de un centenar de jueces de Violencia sobre la Mujer en todo el país expresaron su rechazo a los "ataques" del equipo legal de Rivas hacia la magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada tras las decisiones emitidas en este caso. Advertidos de que el "desprestigio" dirigido hacia esta magistrada por su actuación en un caso con alta visibilidad mediática socava la reputación de todo el sistema judicial, estos jueces insistieron en la importancia de proteger la integridad de la judicatura ante situaciones de semejante magnitud.