HUELVA, 23 de junio.

La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado ha celebrado recientemente una asamblea general en la que sus miembros acordaron, de manera unánime, solicitar a los grupos parlamentarios de Vox y PP que reconsideren la Proposición de Ley (PPL) destinada a modificar el Plan Especial de la Corona Norte Forestal de Doñana. Este acuerdo surge en el contexto de un descontento generalizado entre los agricultores del Condado, quienes se sienten "abandonados y engañados" por el Gobierno central y la Junta tras un largo periodo de 20 meses sin avances significativos en el denominado Pacto de Doñana.

En una nota de prensa emitida tras la reunión, la organización agrícola expresó su frustración al observar que, aunque se han activado ayudas para diversos colectivos como universidades y entidades sociales, ellos siguen sin recibir ninguna respuesta sobre su situación. Los agricultores evidenciaron que su colaboración y consenso en la búsqueda de soluciones y líneas de ayudas no han sido valorados, resaltando su desconexión con el proceso.

Manuel Mora, portavoz de la plataforma, destacó que, aunque otros sectores han comenzado a beneficiarse de ayudas, ellos son quienes aún no han recibido nada, lamentando que estas asistencias podrían no estar disponibles hasta marzo o abril del próximo año.

Ante esta situación, los agricultores han tomado la decisión firme de "cultivar todas las hectáreas, sin dejar ninguna fuera, hasta que se encontró una solución a las promesas que se han incumplido". Esta postura refleja su determinación de seguir trabajando a pesar de las dificultades que enfrentan.

La firma del pacto se llevó a cabo el 27 de noviembre de 2022 en Almonte, y según Mora, hasta la fecha no ha habido avances concretos. Es por ello que han decidido retomar las negociaciones para activar la proposición de ley en el Parlamento andaluz, comunicando oficialmente su decisión a los grupos parlamentarios de Vox y PP.

El portavoz concluyó señalando que los agricultores han puesto todo de su parte por este pacto, incluso retiraron su única herramienta, la proposición de ley del Parlamento andaluz, con la esperanza de que las administraciones respondan de manera efectiva para salvar sus explotaciones.