SEVILLA, 11 de agosto.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez es "culpable" de fomentar actitudes xenófobas en lo que respecta al manejo de menores migrantes no acompañados. En Andalucía, casi 700 de estos menores se han visto afectados, lo que López considera un acto de discriminación motivada por la política estatal, alertando sobre una reciente valla en El Ejido (Almería) que excluye a migrantes de origen árabe con mensajes de rechazo.

En una entrevista con Europa Press, la consejera aseguró: "No solo estoy en contra de los comentarios xenófobos, también de las acciones que los respaldan. La desidia del Gobierno español frente a la migración y su falta de acción efectiva son, sin duda, hechos xenófobos". Agregó que se ha observado un manejo de la situación en el que los niños son tratados "casi como mercancías", dependiendo de intereses ajenos.

López también manifestó su preocupación por la falta de transparencia en el tratamiento de los menores migrantes entre comunidades autónomas. Criticó que el Gobierno central haya optado por la "imposición" en lugar del diálogo, recordando que, hasta la fecha, se han trasladado a Andalucía 634 menores bajo condiciones irregularidades, aspectos que corresponderían a una supervisión más estricta. "Cuando se dice que otras comunidades gestionan más migración, lo que realmente se revela es que la prioridad de Sánchez no es la protección de los menores", añadió.

La consejera andaluza denunció que el Ejecutivo central ha roto el acuerdo alcanzado en 2022 entre comunidades sobre la gestión de migrantes y menores, un hecho que considera perjudicial. "Cataluña y el País Vasco han recibido cero migrantes; su enfoque ha sido totalmente diferente al de Andalucía". En cuanto a los 27 menores que se trasladarán a la comunidad desde Ceuta, celebró que este movimiento fue previsiblemente coordinado y se realizó con un plan claro, respetando los acuerdos entre ambas administraciones.

"Esa es la colaboración que espero del Gobierno de España", enfatizó López, quien elogió la proactividad del Ejecutivo ceutí. "Nos llamaron para ver cuántos menores podíamos acoger, y eso ejemplifica el espíritu solidario que promovemos", subrayó la política andaluza.

En el ámbito del reparto de menores, el pasado mes de junio, el Consejo de Gobierno de Andalucía autorizó al Gabinete Jurídico de la Junta a presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, en contra del Real Decreto Ley 2/2025. Este decreto establece medidas urgentes para garantizar el interés superior de la infancia en situaciones migratorias extraordinarias.

El Gobierno andaluz insistió en que su meta es proporcionar una atención digna y adecuada a los menores, tanto a los que están en proceso de traslado como a aquellos que ya forman parte de su sistema de protección. Señalan que las decisiones impuestas desde el Gobierno central podrían perjudicar a estos niños ante la falta de recursos suficientes para hacer frente a la crisis migratoria.

Además, la Junta expresó su desconfianza respecto a la viabilidad financiera de los mecanismos propuestos por el Gobierno para apoyar a las comunidades Autónomas en la acogida de menores, lo que podría resultar en una situación legal inestable y contraria a la Constitución Española.