SEVILLA, 5 de noviembre. El Gobierno andaluz ha calificado hoy de "trato injusto" la propuesta del Ejecutivo central sobre la planificación de inversiones en infraestructura eléctrica para el periodo 2025-2030, que asciende a 8.130 millones de euros. La Junta de Andalucía ha expresado que solo se atenderá el 23% de las actuaciones requeridas por la región, en un borrador que se presentó en octubre.

Según lo indicado por la Junta, de las 111 infraestructuras solicitadas en marzo, el Estado únicamente ha considerado 25 de ellas, dejando a Andalucía con un déficit considerable en sus necesidades energéticas. Ante esto, el Gobierno andaluz ha señalado que presentará alegaciones antes del 16 de diciembre, plazo límite para solicitar ajustes a la propuesta estatal.

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha argumentado que la distribución de la inversión total es insuficiente para abordar las necesidades de la comunidad autónoma. Tener solo un 11,8% de la inversión proyectada es insuficiente, especialmente considerando que Andalucía representa el 17,8% de la población nacional y es la segunda comunidad más extensa de España, además de ponderar su significativo consumo energético, que alcanza el 15% del total.

Paradela también ha señalado que, aunque el borrador incluye proyectos de hidrógeno verde y la Faja Pirítica de Huelva, la respuesta general del gobierno central no satisface las exigencias de desarrollo industrial en Andalucía. El consejero ha subrayado que el 60% de las inversiones se destina a resolver problemas existentes en el sistema eléctrico, lo que no aborda las verdaderas necesidades de crecimiento de la región.

Del total de 8.130 millones de euros proyectados para las mejoras en la infraestructura eléctrica, solo se prevén 458 millones para nuevas inversiones. El resto, hasta 502 millones, corresponde a proyectos que no se han ejecutado de la planificación anterior. La Junta critica que más de la mitad de las inversiones actuales son simplemente arrastre del pasado.

Entre los proyectos esenciales ausentes de esta planificación, la Junta ha destacado el eje de 400 kilovatios Córdoba-Extremadura, crucial para el desarrollo del norte de Córdoba y sus comarcas aledañas. Denuncian que históricamente estas áreas han sido marginadas en términos de inversión en redes eléctricas.

Las provincias de Córdoba, Cádiz y Málaga presentan carencias significativas, recibiendo apenas un 10% de las peticiones efectuadas por la Junta. En contraste, las demandas de integración del sistema nacional para Jaén, Granada y Huelva han sido parcialmente atendidas, aunque el gobierno andaluz destaca que las soluciones propuestas son más costosas que las originalmente planteadas.

El Ejecutivo regional también ha señalado que de las 30 actuaciones solicitadas para fortalecer la red de distribución, solo se han contemplado ocho, a pesar de su importancia para aumentar la electrificación y mejorar el desarrollo industrial y la integración de energías renovables en la región.

Por otro lado, la Junta ha criticado la priorización de los proyectos ferroviarios y de infraestructura portuaria, que son competencia del Estado, en detrimento de las necesidades energéticas andaluzas para el desarrollo industrial y la generación de energías renovables.

Desde la Junta, se ha enfatizado que la propuesta presentada al Ministerio para la Transición Ecológica fue fruto de una consulta pública que involucró a diversas empresas y actores económicos, resultando en 222 solicitudes formales. En marzo de 2024, pidieron la construcción de seis subestaciones y varios nuevos ejes eléctricos, que podría significar una inversión de 544 millones de euros, cifra que posteriormente se revisó a 778 millones.

Las alegaciones de la Junta solicitarán un ajuste que aborde la desventaja obvia que enfrenta Andalucía en comparación con otras comunidades. Destacan que la densidad de su red de transporte es un 40% inferior a la media peninsular, lo que pone de manifiesto que la planificación actual no satisface sus necesidades energéticas ni industriales, limitando su potencial de desarrollo y la transición hacia un modelo energético sostenible.