En Sevilla, el 27 de junio, la Junta de Andalucía ha expresado su más firme oposición al proyecto de Real Decreto que el Gobierno de España ha presentado durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Este borrador se centra en el procedimiento para la reubicación de menores migrantes, y está vinculado al Real Decreto-ley 2/2025, que ya ha sido impugnado ante el Tribunal Constitucional por once comunidades autónomas.

La secretaria general de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad, Concha Cardesa, fue la encargada de llevar la voz del Ejecutivo andaluz en esta importante reunión, que tuvo lugar tanto en las instalaciones del Ministerio de Juventud e Infancia como de manera virtual.

El mencionado Real Decreto-ley, promulgado el 18 de marzo pasado, tiene como propósito implementar medidas urgentes para asegurar el interés superior de niños y adolescentes en situaciones de migración extraordinarias. Esta normativa pretende modificar la Ley de Extranjería para establecer un sistema de acogida obligatorio para menores migrantes.

Un total de once comunidades, todas ellas gobernadas por el Partido Popular, han decidido impugnar este decreto ante el Tribunal Constitucional. Algunas de estas regiones incluyen Andalucía, Aragón, Cantabria, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Madrid y Murcia.

En Andalucía, el Consejo de Gobierno tomó la decisión el pasado 11 de junio de autorizar al Gabinete Jurídico a presentar un recurso de inconstitucionalidad, argumentando que el decreto en cuestión vulnera derechos fundamentales de los menores y atenta contra principios constitucionales clave como la autonomía, solidariedad y suficiencia financiera.

Cardesa ha calificado como "inadmisible e imprudente" que el Gobierno central siga avanzando en la normativa que regula el traslado de menores migrantes, dado que casi un 65% de las comunidades han solicitado la intervención del Tribunal Constitucional. Esta cifra subraya la falta de consenso en torno a esta regulación.

La secretaria general también ha criticado lo que considera una falta de lealtad y diálogo por parte del Gobierno de Pedro Sánchez hacia las comunidades autónomas, señalando que se está utilizando la situación de los menores migrantes como un instrumento político para mantener el control del poder.

Por último, Cardesa ha instado al Gobierno Central a reconocer a Andalucía como Frontera Sur, una concesión que, según ella, se ha denegado a la comunidad andaluza mientras otras regiones del norte del país disfrutan de este estatus, lo cual considera un agravio hacia el territorio andaluz.