En un evento celebrado en Baeza, Jaén, el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha reafirmado la postura de la Junta de Andalucía respecto al reciente registro único de pisos turísticos, iniciativa que promueve el Gobierno central. Según Bernal, esta medida representa "una invasión de competencias" y una carencia de diálogo entre instituciones.

Durante sus declaraciones a los medios, Bernal destacó que Andalucía apoya las directrices europeas sobre alquileres de corta duración, que fueron aprobadas en abril de 2024, y que tienen como objetivo "incrementar la transparencia y facilitar la comunicación en este sector". Sin embargo, el consejero critica que el Gobierno de España haya establecido un registro estatal "sin consultar a las comunidades autónomas", que son las que tienen la responsabilidad exclusiva en materia turística.

Bernal se mostró contundente en su mensaje, afirmando que no solo debió escucharse a las comunidades por sentido común, sino que también el reglamento europeo lo estipula: "no deben existir registros duplicados cuando ya se han creado en la comunidad autónoma". El consejero enfatizó que el Ejecutivo español ha ignorado esta recomendación y aseguró que la Junta ha seguido todos los procedimientos legales necesarios antes de impugnar la normativa.

Entre sus argumentos, el consejero mencionó un dictamen emitido por el Consejo de Estado, que categoriza como "demoledor" las deficiencias del Real Decreto estatal. Además, recordó que la Comisión Europea ha abierto un expediente de infracción a España debido a la manera en que se ha implementado el registro, señalando la potencial duplicidad y los excesos burocráticos que esta medida podría generar.

Bernal aclaró que la Junta no está en contra de la regulación ni de combatir la oferta ilegal de alojamientos, sino que se opone a un sistema que, según sus palabras, añade costos y trámites innecesarios para los ciudadanos y no observa la distribución de competencias. "Estamos en clara disconformidad con esta actuación del Gobierno de España, que presenta múltiples inconvenientes jurídicos y un agravante de inmunidad total", subrayó.

La controversia surge en un contexto en el que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, criticó a algunas comunidades autónomas por su oposición al registro estatal, argumentando que lo que la ciudadanía realmente necesita son "soluciones para asegurar el acceso a la vivienda y frenar la especulación", y no debates sobre competencias territoriales.

La Junta mantiene que su principal objetivo es establecer un registro "justo y lógico", que no imponga obligaciones redundantes y que respete la autonomía de cada comunidad para gestionar el turismo a nivel local, en consonancia con la normativa europea vigente.