En Sevilla, el 10 de diciembre, se ha dado un paso significativo para el impulso de la Formación Profesional (FP) en Andalucía, una iniciativa que busca adaptar el sistema educativo a las demandas del mercado laboral actual. María del Carmen Castillo, consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, y Antonio Carlos Amarillo, presidente de la Federación Andaluza de Transporte, Fatrans, han formalizado la firma de un protocolo que permitirá la implementación de la FP dual en la región, en cumplimiento de la normativa estatal vigente.

Este nuevo enfoque de la FP afectará a los programas de Grado Básico, Medio y Superior, así como a los cursos de especialización que impliquen formación práctica en empresas, y se hará efectivo a partir del primer curso. Castillo ha destacado que esta firma beneficiará a alrededor de 50.000 estudiantes que se están formando en cuatro familias profesionales clave para el desarrollo productivo, que abarcan áreas como la Administración y Gestión, Comercio y Marketing, Servicios Socioculturales y a la Comunidad, además de Transporte y Mantenimiento.

En una declaración a los medios, María del Carmen Castillo detalló que este acuerdo no solo busca establecer un vínculo más fuerte entre el ámbito empresarial y educativo, sino que también tiene como objetivo facilitar la introducción de las empresas en el proceso de formación del alumnado. La consejera enfatizó la necesidad de que las empresas andaluzas reconozcan la Formación Profesional como un pilar fundamental para el crecimiento económico y una herramienta vital en la lucha contra el desempleo juvenil.

La consejera subrayó que “es fundamental que todas las empresas, no solo las grandes, sino también las pequeñas y medianas (pymes) y micropymes, se integren en esta nueva etapa de la FP, ya que cada una de ellas juega un papel crucial”. Destacó que, por un lado, el sector productivo tiene la responsabilidad de formar a los estudiantes con tecnologías avanzadas, y por otro, el sistema educativo proporciona a las empresas un flujo continuo de estudiantes motivados que se convierten en una "cantera de profesionales adaptados a sus necesidades".

Además, Castillo recordó que la Junta de Andalucía continuará asumiendo la gestión del alta en la Seguridad Social para aquellos alumnos de FP que estén matriculados en ciclos financiados con fondos públicos. Esta medida tiene como propósito eliminar cargas burocráticas tanto para los estudiantes como para los centros educativos y las empresas, simplificando así el proceso de cotización durante las prácticas no remuneradas.

El protocolo firmado también establece una serie de acciones concretas, tales como aumentar el número de plazas formativas disponibles para la fase práctica en empresas, mejorar la difusión del papel y la participación de las empresas en la FP andaluza, e impulsar una comunicación más efectiva entre los centros educativos y las empresas. Esto busca identificar las competencias y perfiles formativos que los sectores productivos requieren, logrando así una alineación más efectiva entre la educación y las necesidades del mercado laboral.