Andalucía ha dado un paso significativo hacia el fortalecimiento de su sector industrial con la aprobación de una nueva Ley de Espacios Productivos, que se traducirá en un marco regulador destinado a la planificación y modernización de estos espacios en la región. Esta normativa entrará en vigor transcurridos noventa días desde su publicación oficial, un hito que se espera que impulse el crecimiento económico en la comunidad autónoma.

Este nuevo marco legal busca implementar un modelo unificado de intervención en los espacios productivos, teniendo como metas primordiales el fomento del desarrollo industrial, la mejora de la competitividad y la generación de empleo en Andalucía. La información sobre los detalles de esta normativa fue divulgada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 23 de diciembre pasado.

La ley establece un conjunto de instrumentos de planificación y mecanismos de cooperación que garantizan la colaboración entre la administración autonómica, los gobiernos locales y los diferentes protagonistas del tejido económico. De esta forma, se busca optimizar los recursos y asegurar una gestión eficaz de los espacios productivos.

Uno de los aspectos destacados de la legislación es la clasificación y ordenación de los espacios productivos, lo que permitirá una mejor identificación de sus condiciones, características y servicios disponibles. Esto, a su vez, contribuirá a facilitar no solo la planificación del sector público, sino también la creación de nuevas iniciativas empresariales.

La normativa incluirá la creación de un Catálogo de Espacios Productivos de Andalucía que debe ser aprobado en un intervalo de dieciocho meses tras la entrada en vigor de la ley, y que será esencial para el conocimiento y la planificación de estas áreas.

Además, se implementará un Inventario técnico que evaluará la calidad y capacidad eléctrica de los espacios productivos, garantizando que se cuente con información actualizada sobre la infraestructura energética necesaria para el desarrollo industrial.

La ley también contempla un sistema de gobernanza a través de la creación de la Comisión de la Industria y los Espacios Productivos de Andalucía, un órgano consultivo que supervisará la implementación de la norma. De igual manera, se establecerá un Gabinete Técnico de Espacios Productivos que colaborará con las entidades locales en el diseño de políticas públicas orientadas a estos espacios.

Entre sus diversas funciones, este gabinete brindará apoyo en la modernización de los espacios productivos, promoviendo un enfoque integral que fomente la mejora de los polígonos industriales y otras áreas productivas de la región.

En cuanto al impulso a la actividad industrial, las medidas incluidas en la normativa buscan facilitar el acceso a bienes inmuebles con uso productivo y promover la modernización de los espacios existentes, algo fundamental para adaptarse a los desafíos actuales del mercado.

La ley también atiende a las necesidades de las zonas con dificultades demográficas, creando un programa para la implantación industrial en áreas con riesgo de despoblación, el cual debe establecerse en un plazo de un año tras la entrada en vigor de la normativa.

Para garantizar una transición efectiva, se han definido plazos específicos que permitirán a los espacios productivos y entidades de gestión que ya existen adaptarse al nuevo marco. Por ejemplo, los municipios de la Red de Ciudades Industriales disfrutarán de un año para alinear sus condiciones a las exigencias legales, mientras que ciertas entidades de gestión tendrán dieciocho meses para cumplir con el nuevo régimen.

Con la entrada en vigor de esta ley, se establece un contexto regulador que tiene como finalidad reforzar y modernizar la base industrial de Andalucía, consolidando así su papel como motor de desarrollo económico y territorial en la región.