SEVILLA, 2 de noviembre — La comunidad andaluza recibe un impulso significativo en sostenibilidad gracias a la reciente aprobación por parte del Gobierno de España de subvenciones que suman 1.724.087 euros. Este monto permitirá movilizar inversiones superiores a cinco millones de euros para llevar a cabo 16 proyectos de comunidades energéticas en la región, convirtiendo a Andalucía en la segunda comunidad autónoma más favorecida con estos apoyos.

Las comunidades energéticas son una innovadora forma de organización que permite a los ciudadanos unirse para producir, consumir, almacenar, compartir y comercializar energía renovable de manera colectiva. El enfoque de este modelo radica en generar beneficios sociales, económicos y ambientales, priorizando el bienestar de la comunidad sobre el lucro financiero.

Según un comunicado de la Delegación del Gobierno en Andalucía, entre los proyectos beneficiados figuran iniciativas destinadas a promover la movilidad sostenible y la producción de energía para el autoconsumo en instalaciones municipales, como escuelas y centros deportivos. Estos esfuerzos también están orientados a asistir a vecinos que enfrentan pobreza energética y a pequeñas empresas locales, consolidando así el compromiso del gobierno con el desarrollo sostenible e inclusivo.

A nivel nacional, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha destinado un total de 10,7 millones de euros en ayudas adicionales para la creación de 106 nuevas comunidades energéticas en todo el país. Estas subvenciones forman parte de los fondos europeos NextGenEU, enmarcados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con el objetivo de fomentar una transición hacia un modelo energético más justo y accesible.

La reciente resolución de la quinta convocatoria del programa CE Implementa, que se puede consultar en el enlace proporcionado, elevó a 251 el número de proyectos en marcha que han accedido a estas ayudas. Con más de 124 millones de euros disponibles, esta iniciativa busca empoderar a los consumidores en el sector energético, democratizando el acceso a la energía renovable y contribuyendo a la meta de descarbonización del país.

Gestionada por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), esta convocatoria puso un énfasis particular en proyectos de menor escala, limitando la inversión a un millón de euros. Esto responde al deseo de involucrar a actores que históricamente no han participado en el sector energético, permitiendo el surgimiento de 371 iniciativas piloto que diversifican el panorama energético español.

De esas iniciativas, 279 están centradas en la instalación de tecnologías de energía renovable eléctrica, particularmente mediante paneles solares fotovoltaicos, y se complementan con sistemas de almacenamiento. Además, se proponen 44 proyectos para fomentar la movilidad sostenible y otros 38 destinados a mejorar la gestión de la demanda, así como diez para implementar energías renovables térmicas como la aerotermia y la biomasa.

La implementación de estas iniciativas promete una notable adición de capacidad de generación de energía renovable, con una estimación de 20.822 kilovatios de origen fotovoltaico, 1.216 kW térmica, y la instalación de 18.272 kWh en sistemas de almacenamiento. Además, se prevé habilitar 62 nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos y facilitar el acceso a bicicletas eléctricas y vehículos eléctricos, sumando esfuerzos hacia un transporte más ecológico.

Los beneficiarios de estas ayudas tendrán un período de 14 meses, a contar desde la notificación de las subvenciones, para ejecutar sus proyectos y hacer realidad estas transformadoras iniciativas.

Entre las regiones más destacadas, Cataluña lidera con 42 proyectos financiados, abarcando casi un tercio de las ayudas asignadas. Andalucía, con 16 proyectos, se unen a otras comunidades como Castilla y León, Aragón y varias más, que también han mostrado un importante nivel de participación en este programa.

Un aspecto notable es que todos los beneficiarios de las ayudas son cooperativas y asociaciones, lo que muestra un claro enfoque hacia la organización comunitaria, con un total de 18.674 ciudadanos involucrados en estas entidades. Este enfoque cooperativo es fundamental, pues contribuye a construir un modelo energético más inclusivo y sostenible.

De las 106 comunidades energéticas apoyadas, 55 se sitúan en municipios con desafíos demográficos, destacando el interés en esta forma de generación y consumo participativo que puede revitalizar estas áreas.

La inclusión ciudadana en la transición energética es un eje central del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). En este sentido, el Miteco ha lanzado líneas de apoyo dentro del PRTR para estimular la creación de comunidades energéticas, con el respaldo de las Oficinas de Transformación Comunitaria (OTC) que ofrecen asesoramiento y acompañamiento a estas iniciativas.

Las comunidades energéticas brindan una serie de beneficios tanto a sus miembros como a las localidades donde operan. Promover la producción de energía renovable no solo disminuye la dependencia de combustibles fósiles, sino que también están generando empleo y dinamismo económico, ayudando a mitigar el cambio climático mediante la reducción de emisiones.

Estos grupos pueden formarse como asociaciones o cooperativas ya existentes que deciden incursionar en el sector energético, o bien, pueden ser nuevas iniciativas que surgen con este propósito. Desde pequeños parques solares impulsados por ciudadanos hasta proyectos integrales que combinan distintas tecnologías, la variedad de propuestas en este ámbito es extensa.

El impacto de estas comunidades va más allá del sector energético, contribuyendo a combatir el cambio climático y la pobreza energética, así como a promover mejoras en la cohesión social dentro de sus comunidades. Por ello, son una solución particularmente relevante para aquellos municipios enfrentando desafíos demográficos.