En la ciudad de Sevilla, la Junta de Andalucía ha recibido un total de 1.220,77 millones de euros como parte de las entregas a cuenta del Impuesto de la Renta durante el primer trimestre del presente año. Esta cantidad representa el 14,79% de los ingresos esperados para todo el año 2024, que asciende a 8.253,65 millones, según datos del Presupuesto en curso.

Además, la Administración autonómica ha registrado un ingreso de 1,72 millones de euros por concepto del Impuesto sobre el Patrimonio, identificados como derechos reconocidos netos en el ámbito fiscal, a pesar de que no se habían proyectado ingresos por este tributo. Estos datos han sido revelados en el informe mensual de la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJdA), que detalla ocho partidas de derechos reconocidos netos por este impuesto.

Los 1.220,77 millones percibidos como entregas a cuenta del Impuesto de la Renta superan ligeramente los 1.172,06 millones recibidos en febrero de 2023, un aumento del 4,15%, y un 22,06% más que los 1.000,07 millones obtenidos en el mismo periodo de 2022. Para este año, el Gobierno andaluz también espera ingresos adicionales de 1.231,56 millones por la liquidación de tarifas del IRPF y la detracción de 18,33 millones por aplazamiento de liquidaciones negativas de entregas a cuenta recibidas en 2008 y 2009.

En total, los ingresos totales reportados por el sistema de financiación de la Junta de Andalucía ascienden a 27.520,9 millones, un incremento del 12,9% con respecto a 2023. De esta cifra, 25.248,7 millones corresponden a entregas a cuenta, según el Informe Económico Financiero. Del total, 18.609,5 millones provienen de tributos cedidos y 6.639,2 millones de los fondos del sistema de financiación.

Dentro de los 18.609,5 millones por tributos cedidos, 8.253,7 millones pertenecen al IRPF; 7.962 millones al IVA; y 2.393,9 millones a impuestos especiales. Por otra parte, los 1,7 millones de euros percibidos por la Junta de Andalucía por el Impuesto sobre el Patrimonio se han visto afectados por la controversia política y jurídica desatada tras la introducción del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas.

Esta controversia derivó en una serie de medidas y decisiones por parte del Gobierno andaluz y del Gobierno central con respecto a estos impuestos, generando un debate jurídico y político de relevancia. La entrada en vigencia de estos nuevos gravámenes ha marcado un hito en la relación entre ambas administraciones, desafiando conceptos de autonomía financiera y competencias tributarias.

Tras un recurso presentado por la Junta de Andalucía, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en la que desestimó los argumentos de vulneración de autonomía financiera. Esta decisión ha sentado un precedente en el tratamiento de estos impuestos y podría tener implicaciones significativas en el futuro de la recaudación fiscal en la región.

En respuesta a esta situación, el Gobierno andaluz ha introducido enmiendas al proyecto de Presupuesto para permitir a los contribuyentes optar por tributar por el Impuesto sobre el Patrimonio, ofreciendo así una vía para que los ingresos beneficien directamente a la comunidad autónoma. Estas medidas buscan mitigar los efectos y las controversias generadas por los nuevos impuestos y ofrecer alternativas a los contribuyentes en la declaración y pago de sus obligaciones fiscales.