Azata desestima la solicitud de la Junta al TSJA para establecer un plazo en la revisión de la licencia del Algarrobico.
ALMERÍA, 28 de mayo. En un giro inesperado, la empresa Azata del Sol ha rechazado la solicitud presentada por la Junta de Andalucía ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que se establezca un "plazo final y perentorio" para que el Ayuntamiento de Carboneras revise la licencia de obras del hotel situado en El Algarrobico. La razón es que las fechas de dicho proceso ya están definidas por la ley de procedimiento administrativo y cualquier intento de crear un nuevo periodo podría constituir una violación de las normativas existentes.
La promotora defiende que cualquier intento de modificar el fallo judicial de julio de 2021, que instaba al Consistorio a revisar la licencia otorgada en 2003, representaría un quebranto de lo que se ha establecido como cosa juzgada. Este argumento fue presentado en su impugnación contra el recurso que la Junta ha elevado.
Es pertinente recordar que la Administración autonómica había interpuesto un recurso en respuesta a la decisión emitida el 30 de abril por el tribunal de Granada. Esta resolución ordenaba al alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, a informar cada diez días sobre los avances en la revisión de una licencia de obras que ya ha sido declarada nula por la vía judicial.
En su escrito, el equipo legal de la Junta solicitó también al TSJA que instara al Ayuntamiento a enviar de inmediato el expediente de revisión al Consejo Consultivo de Andalucía (CCA). No obstante, Azata sostiene que este asunto compete exclusivamente al Ayuntamiento y que la autoridad municipal debe decidir de manera autónoma si requiere el informe del Consejo Consultivo en este proceso.
La empresa enfatizó que "la competencia para iniciar y tramitar el procedimiento de revisión corresponde a esta administración [el Ayuntamiento]", que debe actuar según su autonomía y competencia para evaluar la necesidad de recibir un informe adicional.
Además, la Junta ha denunciado la postura adoptada por el tribunal, que decidió otorgar más tiempo al Ayuntamiento para comenzar el expediente de revisión. Este aumento de plazo fue solicitado por el Consistorio, que había pedido orientación a la Secretaría en relación al procedimiento, una acción que la Junta califica como un intento de retrasar la anulación de la licencia.
La ausencia de un plazo específico y la obligación de proporcionar información cada diez días, "sin comprometerse a realizar ninguna actividad concreta" en dicho tiempo, es percibida por la Junta como un retroceso en la ejecución de las acciones necesarias, especialmente en comparación con la orden emitida el 6 de marzo, que establecía un mes para iniciar el expediente que podría culminar en el derribo del hotel.
Por su parte, el Ayuntamiento de Carboneras también ha impugnado el recurso de la Junta, manifestando su "total desacuerdo" con la interpretación de que sus acciones pudieran estar retrasando el cumplimiento de la sentencia.
El representante municipal ha señalado que las acciones del alcalde no buscan poner en duda la resolución judicial, sino que se centran en solicitar a la Secretaría los trámites necesarios para proceder con la ejecución de dicha resolución, destacando la importancia de contar con un informe de la secretaria municipal para avanzar en este proceso.
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