La historia de la corrupción en Marbella da un nuevo giro con la reciente captura de Carlos Fernández, exconcejal que había estado evadiendo la justicia desde que estalló el caso 'Malaya'. Este miércoles, el exedil fue arrestado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Según han confirmado fuentes cercanas al proceso judicial, ahora enfrenta un nuevo capítulo en su enfrentamiento con la ley ante la Audiencia Nacional.

Fernández, quien había estado viviendo en Argentina desde que se dio a conocer su implicación en el escándalo de corrupción, fue detenido en un control policial a primera hora de la mañana tras aterrizar en un vuelo procedente de Buenos Aires. La intervención se llevó a cabo a las 06:55 horas, marcando el fin de varios años de fuga.

La historia de Fernández se remonta a 2006, cuando la Policía Nacional llevó a cabo una serie de registros en su vivienda como parte de la segunda fase de la operación 'Malaya'. En ese momento, su abogado presentó un escrito ante el juzgado indicando que el exedil estaba dispuesto a colaborar con la justicia y que se encontraba realizando el Camino de Santiago. Sin embargo, su paradero se convirtió en un misterio hasta el año 2017.

En septiembre de 2017, el exconcejal, quien formó parte del Partido Andalucista, fue arrestado en Argentina. La entrega a las autoridades locales se produjo tras sus intentos de explorar la posible prescripción de los delitos que pesaban en su contra, que incluían no solo el caso 'Malaya' sino también 'Saqueo II', bajo competencia de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional.

En noviembre de 2017, el Gobierno español tomó la decisión de solicitar a Argentina la extradición de Fernández, presentando un total de seis expedientes relacionados con distintos delitos que el exconcejal había presuntamente cometido en Marbella durante su tiempo en el cargo.

La primera solicitud de extradición se centró en el caso 'Saqueo II', que aludía a supuestos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documentos mercantiles. Dichos incidentes se produjeron durante los años en que formó parte del Grupo Independiente Liberal (GIL) en Marbella, en las legislaturas de 1991, 1995 y 1999.

Además de esta solicitud inicial, las otras cinco ampliaciones abarcan diversas acusaciones relacionadas con delitos contra el ordenamiento del territorio, cohecho, prevaricación administrativa, así como fraudes en la contratación y falsedad en documentos oficiales, provenientes de distintas instancias judiciales de Marbella.

Finalmente, un tribunal argentino decidió extraditar a Fernández a España por uno de los casos solicitados, específicamente el ‘Saqueo II’. Sin embargo, esta decisión fue impugnada, lo que añade otra capa de intriga a un caso que ha capturado la atención del país.