SEVILLA, 8 de julio. El Sindicato de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Sevilla ha denunciado la existencia de un supuesto “fraude” a la Seguridad Social en un centro de atención a menores en Marchena, gestionado por la Junta de Andalucía. Según su informe, "al menos cinco trabajadoras han estado desempeñando funciones durante varias semanas sin estar registradas en la Seguridad Social, sin percibir salarios y sin protección ante posibles accidentes laborales". Esta situación afecta al centro de protección de menores 'Santa Teresa', bajo la supervisión de la Delegación Territorial de Igualdad.

La secretaria general de la Delegación de Igualdad de CCOO ha calificado de "inhumano" el trato recibido por estas trabajadoras. Según el sindicato, estas mujeres se integraron a la plantilla a principios de junio, tras ser convocadas desde la Bolsa Única de la Junta para cubrir las vacaciones estivales hasta septiembre, pero su situación laboral no ha sido regularizada.

De acuerdo con el sindicato, la falta de alta en la Seguridad Social deja a estas trabajadoras en una posición de total vulnerabilidad ante cualquier eventualidad laboral, ya que carecen de acceso a prestaciones por enfermedades o accidentes. Este estado de desamparo laboral es particularmente grave, ya que no han recibido remuneración alguna por su trabajo, y no tienen claridad sobre cuándo, o incluso si, recibirán ingresos por sus servicios.

La situación ha empeorado, afirman desde CCOO, al recibir la única comunicación de la Administración que les notifica que no cobrarán el mes de junio pero deben seguir trabajando. Esta respuesta ha intensificado aún más la indignación entre las empleadas y el sindicato.

CCOO ha intentado, desde un primer momento, alertar sobre esta situación a los responsables del centro y a la Delegación de Igualdad mediante un escrito presentado el 2 de julio, aunque hasta ahora no han recibido respuesta. También han informado sobre este problema a los servicios de personal, pero hasta la fecha no se han realizado correcciones.

Como último recurso, el sindicato ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo el 7 de julio, reclamando que se tomen acciones para esclarecer responsabilidades y asegurar que se cumplan las normativas laborales y de Seguridad Social. Además, han exigido la inmediata regularización de estas contrataciones, el pago de los salarios pendientes, la protección de Seguridad Social desde el inicio de su actividad y la responsabilidad de las autoridades pertinentes en este asunto.