SEVILLA, 1 de febrero. Este próximo domingo, 2 de febrero, los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) harán sentir su voz en las calles para demandar un robustecido escudo social que proteja especialmente a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Esta movilización también se alza en oposición al "uso oportunista" que algunos grupos hacen de los derechos sociales.

Bajo el contundente lema 'A la calle, con los derechos de la gente no se juega', CCOO y UGT se unen en una histórica iniciativa que aglutina a numerosas organizaciones, plataformas y movimientos sociales. Juntos exigen que los grupos parlamentarios asuman su responsabilidad y respeten sus compromisos, instando a la aprobación sin más dilaciones del nuevo Real Decreto Ley. Aseguran que es fundamental atender las necesidades de la ciudadanía y rechazan que sus derechos sean utilizados como moneda de cambio en el juego político.

En toda Andalucía, las movilizaciones se llevarán a cabo en cada capital de provincia. A las 11:00 horas, los actos comenzarán en Sevilla (Puerta Jerez), en Granada (Plaza del Carmen) y en Almería (Salida Obispo Orberá, 23, Edificio Enma). A las 11:30 horas, será el turno de Málaga (Avenida Andalucía, 26) y Jaén (Plaza de la Constitución). Finalmente, a las 12:00 horas, se concentrarán en Huelva (Plaza de la Constitución), Cádiz (Plaza de España), Córdoba (Templete del Bulevar) y Motril, en la provincia de Granada (Plaza de España).

El origen de estas movilizaciones se relaciona directamente con la actitud de "la derecha y la ultraderecha" en el Congreso de los Diputados, que votaron en contra de un decreto ómnibus que contenía importantes medidas sociales. Aunque se ha conseguido la aprobación de un nuevo decreto social que incluye la revalorización de las pensiones y ayudas al transporte público mediante un acuerdo del Gobierno central con Junts, la movilización no cesa. Nuria López, secretaria general de CCOO de Andalucía, enfatiza que “no es normal que partidos que se presumen como actores de gobierno, como el PP, mantengan a la ciudadanía en la incertidumbre y jueguen con los derechos de trabajadoras, trabajadores, pensionistas y estudiantes simplemente por intentar hacerle la vida difícil al Gobierno de coalición”.

Además, ha subrayado que el nuevo decreto acordado con Junts no incluye las entregas a cuenta que se esperaban para Andalucía, desafiando las expectativas previas del Gobierno andaluz, que afirmaba que los fondos podrían llegar a ser entre 1.800 millones y 2.000 millones de euros si se realizaban revisiones pertinentes. La desconfianza hacia la gestión del PP resuena, con la llamada a la acción de los sindicatos como una respuesta obligada ante la crisis de confianza en un sistema que debería priorizar el bienestar de la mayoría social.