En Madrid, el 13 de mayo, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha tomado la iniciativa de presentar una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El motivo de esta acción es la sospecha de una manipulación indebida de los precios de origen del aceite de oliva, lo que podría representar una violación de la Ley de Defensa de la Competencia y, por ende, un golpe financiero de hasta 2.800 millones de euros para los productores de aceite.

El secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha subrayado que las evidencias son claras y preocupantes. Ha señalado que existe un desfase injustificable de más de dos euros por kilo: mientras que el precio real en origen se sitúa en torno a 3,5 euros/kg, el valor estimado debería ser de 5,55 euros/kg, según un exhaustivo análisis llevado a cabo por investigadores de las universidades de Jaén y Córdoba, junto con el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA).

El estudio en cuestión ha sido realizado mediante un software especializado que detecta desequilibrios en el mercado, analizando tanto los datos de producción de la presente campaña como las previsiones para la próxima. El foco principal del análisis ha sido la evolución del precio del aceite de oliva virgen extra (AOVE) en relación con los valores de equilibrio esperados en el mercado.

Esta investigación ha revelado márgenes “injustificables” entre lo que se paga a los productores y el precio de mercado estimado, sugiriendo así la existencia de un "desequilibrio potencialmente intencionado". Desde COAG advierten que, si se confirma el establecimiento de acuerdos de precios o cualquier otro comportamiento que limite la competencia, nos encontraríamos ante una "infracción seria" de las normativas actuales.

La Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia deja claro en su artículo 1.1 que cualquier acuerdo entre empresas que busque restringir o distorsionar la competencia, incluyendo pactos de precios y reparto de mercados, está prohibido. Por lo tanto, si persiste esta distorsión en los precios, los olivareros podrían dejar de recibir hasta 2.800 millones de euros durante esta campaña.

Padilla ha enfatizado que no se trata de opiniones o sensaciones, sino de una posible violación de la ley que requiere una investigación inmediata por parte de la CNMC, para esclarecer posibles acuerdos de precios o prácticas comerciales desleales que amenazan gravemente a los agricultores.

Por su parte, Juan Luis Ávila, responsable del sector olivar de COAG, ha manifestado que el mercado no debe convertirse en un espacio para abusos ni especulaciones que perjudiquen a quienes trabajan en el campo.

“No permitiremos que el esfuerzo de miles de olivareros sea sistemáticamente menospreciado”, ha afirmado de manera contundente.