La Audiencia Nacional de España ha comenzado a juzgar a Yassine Kanjaa, acusado de llevar a cabo un ataque brutal en Algeciras en enero de 2023, que resultó en la trágica muerte de Diego Valencia, el sacristán de la Iglesia de Nuestra Señora de la Palma, y dejó a varios heridos. La Fiscalía ha solicitado una pena de 50 años de prisión, argumentando que el ataque tenía la intención de infundir miedo en la comunidad cristiana.

La acusación detalla que Kanjaa entró en la iglesia de San Isidro en la tarde del 25 de enero, donde realizó comentarios provocativos y agredió una Biblia. Posteriormente, salió gritando frases ominosas antes de regresar a su hogar, donde tomó un machete para llevar a cabo su ataque, apaganado su teléfono móvil en el proceso.

Sobre las 19:00 horas, el acusado se encontró con un transeúnte al que atacó sorpresivamente por la espalda, rompiéndole las lentes y hiriéndole. Luego, en un giro escalofriante, volvió a la iglesia San Isidro, donde estaba en curso una misa. Kanjaa se lanzó contra el sacerdote, golpeándolo, y provocando una escena caótica entre los congregantes.

Después de su agresión en la primera iglesia, Kanjaa se dirigió a la Iglesia de Nuestra Señora de la Palma, donde encontró a Valencia. Armado con el machete, se abalanzó sobre el sacristán, quien intentó defenderse con una silla antes de ser brutalmente atacado, lo que resultó en su muerte en plena vía pública.

A continuación, Kanjaa irrumpió en el Santuario Nuestra Señora de Europa, aunque la puerta estaba cerrada. Luego continuó su camino, empuñando el machete, hasta que finalmente fue detenido por la Policía Local de Algeciras, tras arrojar el arma y rendirse.

La Fiscalía ha resaltado que Kanjaa había experimentado un proceso de radicalización en los meses previos al ataque, adoptando visiones extremistas del islam que promueven la violencia contra aquellos que consideran no ortodoxos. Se enfatiza que eligió atacar templos católicos, delineando su intención de causar terror entre los cristianos.

A pesar de sus acciones, se ha planteado que Kanjaa padecía un cuadro psicótico asociado a síntomas esquizofrénicos. El fiscal indicó que, aunque su estado mental era grave y comprometedora de su capacidad de juicio, aún tenía cierto nivel de consciencia de sus actos, lo que complica el debate sobre su responsabilidad penal.

Se espera que el juicio defina si Kanjaa es imputable a pesar de sus problemas psicológicos, un tema que ha suscitado un amplio debate en el ámbito judicial y social, resaltando la necesidad de comprender la compleja interacción entre la salud mental y la criminalidad.