En Madrid, el 25 de marzo, se ha encendido el debate jurídico sobre la relación entre el Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Cándido Conde-Pumpido, presidente del TC, ha solicitado a los abogados de la corte un informe que evalúe la posibilidad de que la Audiencia de Sevilla eleve una cuestión prejudicial al TJUE, tras expresar la sede judicial preocupaciones acerca de una supuesta "extralimitación" del TC en este contexto.

De acuerdo con información proporcionada por 'El Español' y corroborada por fuentes jurídicas en Europa Press, Conde-Pumpido compartió sus incertidumbres durante una sesión con los magistrados de la Sala Primera el pasado lunes. En esta reunión, se discutió si los jueces y tribunales de España tienen la potestad de recurrir al TJUE en situaciones donde se ignoren los fallos del TC.

Este análisis se originó a raíz de un caso emanado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aunque también se hizo referencia a la problemática del célebre 'caso ERE'. Posteriormente, la cuestión fue presentada a los miembros de la Sala Segunda del TC, quienes, según las mismas fuentes, discutirán formalmente el tema en un Pleno programado para este martes.

Las mismas fuentes confirman que ya se ha iniciado el trabajo, pues Conde-Pumpido ha encargado a un grupo de letrados del TC la elaboración de un informe que examine la viabilidad de que los jueces españoles formulen cuestiones prejudiciales en casos como los que involucran los ERE y el TSJM.

Se plantea la complejidad de la situación, dado que, aunque es evidente que los jueces pueden interpelar al TJUE cuando surgen dudas sobre la aplicación del derecho comunitario, la cuestión se torna más espinosa cuando se refiere a sentencias del TC.

El objetivo principal del informe es esclarecer el alcance de las competencias de los jueces españoles en este ámbito. No obstante, se reconoce que una de las posibles conclusiones podría ser la anulación de la providencia emitida por la Audiencia de Sevilla, que solicitó a las partes involucradas su opinión sobre la viabilidad de preguntar al TJUE.

En la mencionada providencia, a la que tuvo acceso Europa Press, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que se encarga de emitir nuevas sentencias en el contexto de los ERE tras la anulación de condenas por parte del TC, ha indicado que el TC podría haber "extralimitado" su interpretación respecto a la prevaricación y la malversación.

De esta manera, la Audiencia solicitó a los involucrados que se pronunciaran acerca de si la doctrina establecida por el TC "infringe las normas internacionales de combate a la corrupción", considerando la posibilidad de remitir una cuestión prejudicial al TJUE si se determina que no es completamente compatible con el Derecho de la Unión Europea.