SEVILLA, 25 de marzo.

Un tribunal en Sevilla ha dictado sentencia contra tres hombres por su participación en un caso de detención ilegal y lesiones que dejó al descubierto la violencia que puede surgir en conflictos personales. Los acusados secuestraron a una víctima en Bormujos, donde lo llevaron a un sótano, lo golpearon e incluso lo amenazaron con un arma de fuego, todo por una "caja cerrada" que uno de ellos alegaba no haber recibido de vuelta.

La sentencia, emitida el 11 de diciembre de 2024, fue publicada por Europa Press y revela detalles inquietantes sobre el suceso. A las 21:45 horas del 7 de septiembre de 2022, dos de los acusados, ambos en sus veintes y sin antecedentes legales, se coordinaron con un tercer cómplice. Se dirigieron en un Audi A3 hacia un bar en la calle San Juan de Dios en Bormujos, donde habían acordado encontrarse con la víctima. Al localizarlo, uno de ellos lo abordó, lo apresó de un brazo y lo obligó a entrar en el vehículo, amenazándolo con que portaba un arma y lo agrediría si intentaba gritar.

El relato establece que, una vez dentro del automóvil, lo llevaron a una vivienda en Bormujos y lo forzaron a descender a un sótano. Allí, el tercer acusado, quien ya los esperaba, lo obligó a sentarse en una silla mientras le interrogaron sobre la famosa caja que se les debía. Según los agresores, si no recuperaban la caja, la víctima tendría que pagarles 14.000 euros. Ante la negativa de la víctima, comenzaron a golpearlo con palos de madera.

El ataque escaló cuando, tras derribar a la víctima de la silla, uno de los agresores disparó contra la pared como forma de intimidación. Además, utilizó la culata del arma para golpear al hombre en la cabeza. La situación se tornó desesperante; sin embargo, tras ser dejado en el sótano, la víctima logró trepar por una pared y escapar a través de las azoteas de las viviendas colindantes alrededor de las 23:00 horas.

Se ha determinado que en el momento de los hechos, dos de los acusados tenían un largo historial de consumo de drogas, particularmente cocaína y hachís, mientras que el tercero era un consumidor habitual de hachís. A pesar de que sus hábitos afectaban sus habilidades de toma de decisiones, se conoce que antes del juicio, los tres ofrecieron indemnizar a la víctima por los daños causados.

Como resultado de un acuerdo entre las partes, el tribunal impuso a cada uno de los tres condenados una pena de dos años de prisión, una multa de 90 euros y una orden de alejamiento de tres años respecto a la víctima. Las penas de prisión fueron suspendidas bajo la condición de que no cometan nuevos delitos durante un periodo de tres años, lo que invita a una reflexión sobre la cultura de la violencia y el impacto que el consumo de drogas puede tener en la toma de decisiones humanitarias.