ALMERÍA, 9 de noviembre.

En un hecho que ha conmocionado a la comunidad de Níjar, el Tribunal Supremo ha ratificado la condena de seis años de prisión impuesta a un joven de 24 años, responsable de arrollar a un grupo de ciclistas en julio de 2022, provocando la muerte de dos de ellos mientras conducía con un nivel de alcohol en sangre alarmantemente elevado.

La decisión del alto tribunal llega tras rechazar un recurso de casación presentado por la defensa del condenado, confirmando así el fallo de la Audiencia Provincial de Almería. Esta sentencia original ya había establecido la prohibición de conducir vehículos a motor durante un periodo de nueve años, además de la retirada indefinida del permiso de conducir, hechos que evidencian la gravedad de la condena por homicidio imprudente.

Los argumentos esgrimidos por la defensa, que sostenían que las muestras de sangre utilizadas para determinar el nivel de alcohol del acusado habían sido recogidas solo con fines terapéuticos al momento de ser trasladado al hospital por sus propias lesiones, fueron desestimados. El Tribunal Supremo justificó su decisión al revelar que existía una autorización judicial adecuada que permitía la extracción de la sangre el mismo día del accidente, resaltando que esta justificación era coherente y proporcional dadas las circunstancias del caso.

Además, el tribunal se mostró firme al negar la aplicación de atenuantes en la condena y alinearse con el enfoque de la Fiscalía, la cual destacó que la confesión del acusado en el juicio llegó en un momento tardío y se vio como inevitable ante las abrumadoras pruebas presentadas en su contra.

A pesar de su derecho a no declarar, el joven solo se pronunció once meses después del suceso, durante el juicio, pero su testimonio resultó ser de poca relevancia, ya que no aportó información nueva al caso. En su declaración, admitió haber estado "muy borracho" y no recordar lo sucedido, lo que el tribunal consideró irrelevante, enfatizando que las evidencias acumuladas hubieran llevado a una condena similar sin importar su testimonio.

El tribunal también consideró justa la pena dada la peligrosa velocidad a la que el acusado conducía y el estado en el que quedó su vehículo tras el accidente. Se resaltó el daño causado a las bicicletas de los ciclistas fallecidos y el riesgo inminente que se presentó para el resto del grupo de ciclistas que circulaban en ese momento, así como la falta de atención del conductor a las normas de tráfico, especialmente por su historial previo de conducción bajo los efectos del alcohol.

En el dictamen, se mencionó que el acusado reconoció haber consumido alcohol y confesó haberse quedado dormido al volante justo antes de impactar contra los ciclistas. Esto se documentó como prueba clave ante el tribunal.

Al momento de valorar el agravante del delito, el tribunal consideró que la conducta del acusado tuvo una notoriedad que repercutió en los medios de comunicación, además de afectar gravemente a las víctimas y a los demás ciclistas presentes, creando un clima de alarma social por tan irresponsable comportamiento al volante.

El juicio evidenció que el acusado nunca frenó antes del impacto, lo que se interpretó como una completa desatención a la conducción y una falta de respeto a las normas de tráfico, destacando que su historial penal incluía condenas previas por la misma infracción.

Otro aspecto relevante en la sentencia fue el rechazo a la atenuante de reparación de daños presentada por la defensa, dado que todavía no se había cumplido ninguna indemnización por parte del acusado, recayendo dicha responsabilidad sobre la compañía de seguros.

El trágico atropello ocurrió a las 9.30 horas del 24 de julio de 2022 en la carretera AL-3108, en un tramo que conecta la Isleta del Moro con Rodalquilar, dentro del parque natural de Cabo de Gata-Níjar. La Audiencia Provincial constató que el acusado, tras haber consumido alcohol, perdió el control y se adentró en el carril contrario, colisionando frontalmente con los ciclistas, quienes fallecieron a consecuencia de graves lesiones.

Las fuerzas de la Guardia Civil que llegaron al lugar poco después del accidente informaron que evidenciaron signos claros de ingesta de alcohol en el acusado, incluyendo aliento fuerte a licor y una condición física y mental alterada.

Las pruebas de sangre, obtenidas legalmente, revelaron un nivel de alcohol de 1,51 g/l, y una primera medición realizada en el lugar del accidente dio un resultado de 1,07 mg/l, aunque no se pudo repetir debido a la incapacidad del acusado para insuflar aire correctamente.

En su declaración frente al tribunal, el procesado manifestó que había estado trabajando y que, tras salir, fue a tomar "unas cervezas", convenciéndose erróneamente de que estaba en condiciones de conducir, lo que lo llevó a quedarse dormido al volante.

Ambos ciclistas, que perdieron la vida en el trágico accidente, eran hombres casados y padres, dejando a sus familias en un profundo dolor. La Fiscalía había solicitado indemnizaciones que superaban los 427.800 euros, montos que ya han sido cubiertos por la aseguradora del acusado.