La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en la comunidad autónoma de Andalucía ha iniciado una consulta pública previa sobre el proyecto de Decreto que desarrolla la Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado. El objetivo de esta iniciativa es establecer medidas de apoyo, reconocimiento y cobertura jurídica y psicológica para el profesorado, así como regular el procedimiento disciplinario en los centros públicos de educación no universitaria.

El pasado 21 de julio de 2021, el Parlamento andaluz aprobó la Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado con el respaldo de los partidos PSOE-A, PP-A, Ciudadanos (CS) y Vox. Esta ley busca reconocer la autoridad de los docentes y destacar su papel fundamental en el sistema educativo, con el fin de promover un ambiente de convivencia adecuado en las escuelas y garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes.

La Junta de Andalucía trabaja ahora en el desarrollo de este decreto y ha decidido abrir una consulta pública previa para recabar la opinión de la ciudadanía, organizaciones y asociaciones relevantes para este proyecto. El plazo de consulta estará abierto desde el 6 de octubre hasta el 27 de este mismo mes, y se podrán enviar aportaciones a través de un correo electrónico habilitado para ello.

Entre los problemas que se pretenden abordar con este proyecto de decreto se encuentran el respeto y consideración hacia el profesorado por parte de los estudiantes, los padres y el resto de los docentes, así como el mantenimiento de un clima de orden, disciplina y respeto en el ejercicio de la función docente.

Otras cuestiones a resolver con este decreto se refieren a la capacidad del profesorado para tomar decisiones rápidas y proporcionadas de acuerdo con las normas de convivencia del centro, así como la colaboración de los padres en el cumplimiento de estas normas y la protección jurídica adecuada a las funciones docentes.

La Junta de Andalucía se compromete a brindar apoyo y velar por el respeto, consideración y prestigio social del profesorado a través de campañas de difusión e información. Según argumenta la Consejería, la aprobación de este decreto es necesaria para proporcionar un marco normativo objetivo y riguroso, así como medidas de apoyo y reconocimiento al profesorado con el fin de mejorar la calidad del sistema educativo.

Los objetivos de este proyecto de decreto incluyen el reconocimiento y refuerzo de la autoridad pública del profesorado, la mejora de la consideración y el respeto hacia el mismo, así como la regulación de un sistema de cobertura jurídica y psicológica para asegurar la protección y asistencia al profesorado en su ejercicio profesional.

Además, se busca establecer el procedimiento para acceder a esta cobertura, implementar medidas de reconocimiento y apoyo, y establecer un plan de contingencias para posibles agresiones que pueda sufrir el profesorado de las escuelas sostenidas con fondos públicos. También se establecerá el procedimiento para el ejercicio de la potestad disciplinaria por parte de los directores de estos centros, a excepción de los universitarios.