SEVILLA, 22 de octubre.

El Parlamento de Andalucía ha dado un paso adelante en la tramitación del nuevo proyecto de Ley de Patrimonio, que ha superado su debate inicial este miércoles. Esta legislación, presentada por la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, ha sido defendida por el Gobierno andaluz frente a las enmiendas de total oposición planteadas por los grupos Socialista y Por Andalucía, que fueron rechazadas en conjunto por los partidos Popular y Vox.

Con este avance, la propuesta legislativa, que fue aprobada por el Consejo de Gobierno el 24 de septiembre, continuará su elaboración en la comisión correspondiente del Parlamento, conforme a los procedimientos establecidos.

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, tomó la palabra en el Pleno para argumentar la importancia de esta ley, que considera fundamental para modernizar la administración andaluza y hacer del patrimonio público una herramienta de impulso económico y social. España afirmó que esta iniciativa garantizará una gestión eficaz de los bienes comunes, alejándose de prácticas del pasado marcadas por el despilfarro.

“Andalucía recibe un nuevo marco que aporta orden y confianza, asegurando que lo que pertenece a todos se maneje con eficacia”, subrayó la consejera, quien resaltó que los recursos generados se reinvertirán en áreas cruciales como la sanidad y la educación.

España puntualizó que la actual legislación sobre patrimonio data de 1986, y que después de casi cuatro décadas, era imperativo actualizar las normativas. El nuevo texto introduce herramientas innovadoras como un inventario digital y una plataforma de publicidad patrimonial, destinada a informar a la población sobre la gestión de los bienes de la Junta.

La nueva norma incluye, por primera vez, un régimen sancionador para salvaguardar los bienes públicos de usos inadecuados y busca simplificar el proceso administrativo, dedicando un apartado a la economía circular para fomentar la reutilización y el reciclaje de bienes.

En su intervención, Carolina España recordó que la administración del patrimonio andaluz en el gobierno de Juanma Moreno se encontró con una situación desordenada, con falta de inventarios y bienes sin uso que generaban gastos significativos. Contrarrestando este panorama, se estableció un nuevo modelo de gestión que ha dado como resultado seis subastas transparentes y un ingreso superior a 138 millones de euros, además de un ahorro anual en costos de mantenimiento.

La consejera también destacó la implementación del Plan Estratégico de Sedes Administrativas, que ha logrado reducir en un 60% el gasto en alquileres y ha economizado 36,5 millones de euros anuales, sumando a estos beneficios la reestructuración del sector público que ha generado 4,5 millones de euros en ahorros adicionales.

“El patrimonio público refleja el esfuerzo conjunto de nuestra comunidad y debemos manejarlo con responsabilidad y transparencia”, afirmó España, quien también indicó que la nueva legislación favorece la cesión gratuita de bienes a entidades locales para promover proyectos sociales, como la construcción de viviendas y equipamientos comunitarios.

Este nuevo marco legal tiene un enfoque de servicio público, según la consejera, quien resaltó que fue creado tras cuatro años de trabajo junto a más de treinta entidades y con el respaldo de órganos consultivos que han avalado su rigor técnico.

Sin embargo, las fuerzas de oposición, representadas por los grupos del PSOE-A y Por Andalucía, argumentaron en el debate sus razones para oponerse. Alicia Murillo e Inma Nieto defendieron que el proyecto presenta serias falencias en términos de interés general, derechos sociales y gestión pública del patrimonio.

El PSOE-A argumentó que la verdadera intención de esta reforma es facilitar la venta del patrimonio público, advirtiendo que no existe una necesidad urgente que justifique una ley de tal magnitud. "Esta rápida tramitación se percibe como un intento de eludir un debate abierto sobre la gestión de bienes públicos relevantes para la ciudadanía", afirmaron.

El texto propuesto, según la crítica socialista, reduce el patrimonio a activos financieros, promoviendo una gestión extrínseca centrada en la rentabilidad económica a expensas del bienestar común. “No se trata de proteger el patrimonio, sino de convertirlo en liquidez para el beneficio privado”, señalaron en su enmienda.

Por su parte, el grupo Por Andalucía enfatizó que la ley carece de transparencia y participación ciudadana, argumentando que el enfoque prevalente es mercantilista, sugiriendo que el patrimonio andaluz no debería ser considerado como un mero recurso de venta.

Ambas fuerzas opositoras coincidieron en que el contexto social actual exige una gestión del patrimonio que priorice el bienestar colectivo y la cohesión social, en lugar de una aproximación economicista que amenaza con desdibujar su esencia pública.