MÁLAGA, 30 abr. — El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona ha decidido llevar a juicio ante el Tribunal del Jurado al alcalde de Estepona, José María García Urbano, por presunta malversación de fondos públicos. La acusación gira en torno a la supuesta contratación irregular de una mujer, quien según el juez tendría una relación personal con el alcalde dentro del Ayuntamiento.

Desde la defensa del alcalde se mostraron seguros de que el proceso carece del respaldo necesario para avanzar, y anunciaron que presentarán un recurso buscando el archivo del caso. Además, están preparando acciones legales por denuncias falsas contra las dos personas que instigaron las acusaciones en los meses anteriores.

La investigación se originó al examinar la contratación de una mujer como asesora de confianza en el Ayuntamiento, quien además fue testigo en otro caso en el que un policía local denunció al alcalde por supuestas conductas de acoso sexual, denuncia que fue archivada en su momento por el mismo juzgado.

El juez ha decidido continuar con el caso de malversación, argumentando que las pruebas preliminares sugieren que García Urbano pudo haber utilizado su posición como alcalde para ofrecer a la mujer una ventaja económica, lo que constituye un posible delito. Según la resolución judicial, la mujer fue contratada como funcionaria eventual con un salario asignado a su cargo durante un tiempo limitado, desde febrero hasta marzo de 2023.

La mujer recibió dos nóminas de fondos públicos que suman más de cinco mil euros, sin que se haya comprobado que haya desempeñado alguna función durante su tiempo en el cargo, lo que ha llevado al juez a cuestionar la legalidad de la contratación.

La continuación de esta causa se produce después de un informe de la Fiscalía que subraya la existencia de indicios que podrían constituir un delito de malversación de caudales, cuya valoración recae en el Tribunal del Jurado. En este sentido, se ha convocado a una audiencia que se celebrará el 4 de junio, donde se presentarán las partes involucradas en el proceso.

La defensa del alcalde confía en que podrán demostrar la inconsistencia de las acusaciones y que, de hecho, la denuncia es parte de una estrategia política orquestada por los partidos PSOE y Vox para desacreditar al regidor. En este contexto, se menciona la coincidencia de estos partidos en presentarse como acusadores en el proceso judicial, evidenciando una posible alianza para afectar su imagen pública.

Desde el Ayuntamiento también subrayan que el alcalde ya ha enfrentado una denuncia falsa por acoso sexual, cuyo archivo fue determinado por el juzgado tras evidenciar las inconsistencias en las declaraciones de los denunciantes. La defensa resalta que toda la documentación relevante fue proporcionada al juzgado, demostrando que no ha habido irregularidades en las contrataciones realizadas durante su mandato.

García Urbano se pronunció sobre el tema, acusando a la oposición de utilizar mentiras y manipulaciones con el fin de obtener apoyo social que no logran conseguir en momentos electorales, y enfatizó que toda esta situación responde a una campaña política en su contra.