Recientemente, la Policía Nacional ha desmantelado una red familiar sospechosa de operar un complejo sistema de empresas de eventos en La Línea de la Concepción y Jimena de la Frontera, en Cádiz. Esta operación ha culminado con la detención de cuatro individuos, quienes están implicados en una serie de delitos que incluyen la trata de personas con fines de explotación laboral, así como el blanqueo de capitales y la pertenencia a una organización criminal.

La investigación, que comenzó en enero de este año, llevó a las autoridades a realizar múltiples registros simultáneos en varias propiedades y naves industriales. Se confiscó una notable cantidad de efectivo, dispositivos electrónicos y documentación que apunta al funcionamiento ilícito de estas empresas.

La trama se puso al descubierto tras recibir denuncias sobre la posible explotación de trabajadores en situación irregular en una destacada empresa de eventos. Este descubrimiento permitió rastrear un entramado bajo control familiar que incluía varias sociedades, muchas de ellas con problemas financieros importantes, como deudas significativas con las administraciones fiscales y de seguridad social.

Las investigaciones revelaron que estas empresas habían conseguido contratos públicos en distintos municipios de Andalucía, presentando ofertas por debajo del valor real de licitación. Sin embargo, después de acumular deudas, optaban por cerrar operaciones y crear nuevas entidades para continuar con su actividad delictiva, evadiendo así sus responsabilidades fiscales y legales.

Para reducir costos, se empleaba a trabajadores extranjeros, muchos de ellos en condiciones de alta vulnerabilidad y en situación migratoria irregular, así como a empleados nacionales, quienes eran contratados sin garantías laborales adecuadas o incluso sin contratos. Según informes policiales, esto representaba una violación sistemática de las normativas laborales vigentes.

Los trabajadores eran forzados a realizar jornadas laborales de hasta 12 horas diarias, debiendo estar disponibles en todo momento y a menudo enfrentándose a turnos que llegaban a los 14 días consecutivos sin tiempos de descanso. Las condiciones de trabajo eran deplorables, con escaso acceso a alimentos o agua, y muchos forzados a dormir en furgonetas en condiciones insalubres. Aquellos que se atrevían a alzar la voz eran sometidos a humillaciones y malos tratos.

Además, la investigación subrayó que los trabajadores carecían de la formación adecuada y de cualquier medida de seguridad, lo que se tradujo en varios accidentes laborales. Los empleadores, en lugar de brindar asistencia y reportar los incidentes, instaban a los afectados a buscar atención médica por su cuenta, ocultando la naturaleza laboral de estos accidentes para evitar inspecciones.

Por último, se ha corroborado que las atracciones utilizadas por esta red presentaban un estado de deterioro alarmante, poniendo en riesgo tanto a los empleados como a los usuarios. A pesar de esto, los responsables continuaban obligando a los trabajadores a operar y mantener estas atracciones, ignorando las consecuencias potencialmente mortales. Los detenidos han sido presentados ante el juez y, aunque han quedado en libertad, se les ha impuesto restricciones de movilidad, incluyendo la retirada de sus pasaportes.