En la provincia de Huelva, la Guardia Civil ha llevado a cabo una investigación que ha culminado con la implicación de seis personas físicas y una entidad jurídica por vender aceite lampante como aceite de oliva virgen. Durante la operación, se encontraron 2.580 litros de aceite lampante envasado y 640 etiquetas.

La denominada 'Operación Olea' fue iniciada por la Guardia Civil en febrero como parte de los controles enfocados en combatir el fraude alimentario relacionado con los aceites de oliva. Según un comunicado del Instituto Armado, la investigación se llevó a cabo en la provincia de Huelva y tuvo como punto de partida la interceptación de un vehículo que transportaba grandes cantidades de aceite, supuestamente de oliva, desde Portugal, junto con numerosas etiquetas adhesivas para reetiquetar los envases.

Tras una exhaustiva revisión, los agentes comprobaron que el producto carecía de la documentación adecuada de trazabilidad, como el origen de elaboración y envasado, y al no estar debidamente etiquetado, se procedió a la inmovilización del aceite y las etiquetas encontradas en el vehículo.

Posteriormente, tras realizar el análisis correspondiente en el Laboratorio Agroalimentario de Córdoba de la Junta de Andalucía, se confirmó que se trataba de aceite lampante -con un alto grado de acidez-, así como aceite de girasol y aceite sin clasificación, distando mucho de las características descritas en el etiquetado.

La investigación reveló que el aceite procedía de Portugal y se comercializaba a nivel nacional, ya sea directamente o a través de diversas plataformas en línea, como aceite de oliva virgen (AOV), induciendo deliberadamente a error a los consumidores. La cantidad intervenida podría alcanzar un valor de mercado de alrededor de 20.500 euros.

Por lo tanto, los implicados se enfrentan a acusaciones por presuntos delitos contra la salud pública con un grave perjuicio a los consumidores, así como falsificación, estafa y pertenencia a grupo criminal.

En el transcurso de la investigación, se contó con la colaboración de inspectores veterinarios del Área de Gestión Sanitaria de Huelva (Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía), así como personal de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa).