La Policía Nacional ha llevado a cabo la desarticulación de una banda criminal dedicada al blanqueo de capitales provenientes de la explotación sexual de mujeres en diversos establecimientos en España. Esta operación ha culminado con cinco detenciones, dos en Santander, dos en Albacete y una en Granada.

Los detenidos están acusados de delitos de organización criminal y blanqueo de capitales, mientras que a uno de ellos se le imputa un delito contra la salud pública.

La investigación comenzó en 2021, centrándose en la explotación sexual de mujeres en diferentes provincias españolas. En una primera fase se detuvieron a nueve personas y se realizaron tres registros, incautándose más de diez mil euros.

En esta segunda fase, se ha logrado desmantelar la red financiera y empresarial de la organización, imputando nuevos delitos como el blanqueo de capitales y la pertenencia a una organización criminal. Además, uno de los investigados también está acusado de tráfico de drogas.

En total, se han realizado cinco detenciones y se han llevado a cabo siete registros, encontrando abundantísima documentación, un arma de fuego, una pistola eléctrica y cuatro defensas extensibles. Además, se han decomisado 249 gramos de hachís, 130.000 euros en efectivo, relojes y joyas valorados en más de 20.000 euros, así como un vehículo de lujo.

Como resultado de esta operación, se han bloqueado 31 propiedades valoradas en 20,75 millones de euros y se han incautado 169 cuentas bancarias con un saldo total de 200.000 euros.

La organización utilizaba un complicado entramado empresarial para introducir los beneficios obtenidos de la actividad ilícita en el mercado legal.

Los detenidos recibían asesoramiento de un gestor de confianza radicado en Santander, encargado de administrar los fondos de la organización y de aconsejar a sus miembros sobre cómo realizar ingresos o cambios de titularidad de empresas para evitar ser vinculados a actividades ilícitas relacionadas con la trata de personas.

Además, se descubrió que este gestor recomendaba a los miembros de la organización utilizar contratos privados de préstamos y reconocimientos de deuda falsos para justificar sus ingresos, facilitando así la adquisición de bienes legales y perfeccionando el delito de blanqueo de capitales.