HUELVA, 13 de noviembre.

La Policía Nacional de Huelva ha llevado a cabo la detención de tres individuos involucrados en un esquema delictivo que se dedicaba a la venta de contratos fraudulentos a inmigrantes en situación irregular, quienes pagaban hasta 5.000 euros con la esperanza de regularizar su estatus legal.

Según el comunicado oficial de la Comisaría Provincial, esta acción forma parte de la operación 'Silver', la cual se llevó a cabo en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social de Huelva. La investigación comenzó en febrero de 2022 tras detectar irregularidades en la documentación presentada durante ciertos trámites administrativos.

Los agentes localizaron a 45 víctimas que, debido a su alta vulnerabilidad como inmigrantes ilegales, fueron objeto de engaños por parte de los detenidos. Estos les ofrecieron contratos de trabajo ficticios a cambio de sumas de dinero que fluctuaban entre 4.500 y 5.000 euros, todo con el fin de iniciar procesos de legalización ante las autoridades.

La red delictiva contaba con la colaboración de compatriotas de las víctimas, quienes actuaban como intermediarios o "conseguidores", facilitando los contratos falsos. Estos cómplices fueron identificados y finalmente arrestados en Cáceres.

El principal sospechoso de la trama, con varias requisitorias judiciales en su contra, fue arrestado en octubre tras un prolongado seguimiento policial. Su captura fue complicada, ya que utilizaba pelucas y documentos falsos para evadir la justicia ante la presencia de las autoridades.

Curiosamente, en el momento de su arresto, portaba un permiso de conducir falsificado y había adquirido su vehículo a través de una compra fraudulenta, en la que ni el comprador ni el vendedor tenían conocimiento real de la transacción. Las investigaciones revelaron que esta persona había sido gestor previamente y había explotado su red de clientes para llevar a cabo otros delitos relacionados con el fraude, obteniendo así importantes ganancias.

Los tres detenidos fueron presentados ante los Juzgados de Instrucción de guardia, donde se dictó prisión preventiva para el principal acusado, enfrentándose a cargos por estafa, falsificación de documentos y por las requisitorias que le pesaban sobre sus hombros.